Juicio a Begoña Gómez: corrupción, tráfico de influencias y malversación

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por cuatro delitos. El caso ha desatado una fuerte reacción política.

El juez Juan Carlos Peinado ha tomado una decisión que ha sacudido la política española: enviar a juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, junto a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.

Las acusaciones incluyen corrupción en los negociostráfico de influenciasapropiación indebida y malversación. Esta resolución ha desencadenado una intensa batalla política entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Las acusaciones y las medidas cautelares

El juez Peinado ha impuesto estrictas medidas cautelares a Begoña Gómez, incluyendo la retirada de todos sus pasaportes, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en su juzgado.

Estas medidas han sido solicitadas por la acusación popular dirigida por HazteOír, que pide 24 años de cárcel para Gómez. El juez argumenta que hay indicios de que Gómez y Barrabés pactaron una relación de intereses cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en.

En su auto de apertura de juicio oral, Peinado detalla los indicios de delito que considera probados. En el caso del tráfico de influenciasaunque no ha quedado acreditada ninguna gestión concreta hacia funcionarios o autoridades, el juez sostiene que la cátedra de Gómez se creó por cauces extraordinarios y que tenía potencial de explotación económica ulterior. Para el delito de corrupción en los negociosla resolución repasa los patrocinios que consiguió la cátedra de empresas como Google, Indra o Telefónica, sugiriendo que podrían ser una fachada para futuras ventajas privadas o comerciales indebidas.

Reacciones políticas: PP vs. PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció a primera hora del sábado, antes de conocerse la resolución judicial, marcando el tono de una jornada en la que el principal partido de la oposición retrató al PSOE como una máquina de escándalos. Feijóo denunció durante un acto en Sueca (Valencia) que siempre hay un escalón más en la degradación moral y reclamó pasar página en las urnas a un presidente del Gobierno tan asediado por sospechas de corrupción.

Tras conocerse la decisión del instructor, el secretario general del PP, Miguel Tellado, elevó aún más el tono. Tellado declaró que la apertura de juicio contra la esposa del presidente constituye un nuevo episodio de la crisis que, a su juicio, rodea al Ejecutivo, y acusó a Sánchez de haber convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y al Gobierno en una organización criminal. Ni un día sin su escándaloescribió en la red social X antes de exigir responsabilidades políticas y reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas: Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya.

Frente a la ofensiva del PP, el Gobierno cargó contra el instructor denunciando una actuación marcada por la desproporción. Desde la Moncloa hablan de persecución contra el entorno de Pedro Sánchez y atribuyen la actuación del magistrado a una obsesión con la esposa del presidente. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lamentó que fuera un día nefasto para los que creen en la Justicia, pero aseguró que sigue confiando en ella y se mostró convencido de que la razón y la verdad se acabarán imponiendo.

Reacciones de los sindicatos policiales

El sindicato Jupol de la Policía Nacional ha calificado de auténtica barbaridad que el juez Juan Carlos Peinado sostenga que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que escoltan a Begoña Gómez pueden facilitar una fuga. Jupol argumenta que los profesionales de la escolta de Presidencia actúan con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha expresado su rechazo a cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad de los agentes.

El SUP ha recordado que los policías nacionales actúan siempre sometidos a la ley y que no están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales. La organización subrayó que la Policía Nacional no es un riesgo para el Estado de derecho; es una de sus principales garantías.