El juez valorará el caso de las mascarillas que salpica al alcalde de Madrid debido a las comisiones cobradas por Luceño y Medina.
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Los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño declaran ante el juez este lunes 25 de abril por el caso de las mascarillas.
Los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño declaran ante el juez
El caso mascarillas que salpica al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, llega este lunes 25 de abril al juzgado.
Los comisionistas, Luis Medina y Alberto Luceño declararán ante el juez por el cobro de comisiones por valor de 6 millones de euros. Todo ello gracias a la presunta venta irregular de mascarillas, guantes y test Covid al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia de coronavirus.
El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Todos ellos son hechos que el magistrado ve «graves» al tener lugar «en el momento más álgido de la pandemia» cuando había «miles de fallecimientos diarios.
La relación entre el juez, Luceño y Medina
Por su parte, el fiscal Luis Rodríguez Sol, que firma la querella, sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener «un exagerado e injustificado beneficio económico», ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir «grandes remesas de material sanitario fabricado en China». El hijo de Naty Abascal, Luis Medina, como intermediario obtuvo una comisión de un millón de euros. La destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.
La investigación
Además, el sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos. De esta forma dejó una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos. En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Al comprobar el juez que tenía menos de 250 euros, procedió a fijar a instancias de Anticorrupción una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.
