El PP argumenta que Cándido Conde-Pumpido debe abstenerse en el pleno sobre la ley de amnistía.
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El contexto de la solicitud del Partido Popular
El Partido Popular (PP) ha decidido dar un paso adelante en el ámbito jurídico al solicitar la abstención del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, en el pleno que abordará el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley de amnistía.
Este recurso se discutirá en las sesiones programadas para los días 24, 25 y 26 de junio. La decisión del PP se basa en la premisa de que Conde-Pumpido, al igual que el magistrado José María Macías, debería apartarse de la deliberación debido a su participación previa en la emisión de un informe sobre la norma en cuestión.
Argumentos del Partido Popular
Fuentes cercanas al PP han declarado que la solicitud de abstención se fundamenta en el mismo criterio que se utilizó para apartar a Macías, quien fue recusado por su implicación en la elaboración de un informe relacionado con la ley de amnistía. Según el PP, esta situación ha alterado la doctrina del propio tribunal, lo que justifica la necesidad de que Conde-Pumpido se abstenga. Además, el partido ha señalado que la participación de la esposa de Conde-Pumpido en la elaboración de un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también podría ser motivo suficiente para su recusación.
Reacciones y posibles consecuencias
El PP ha calificado de “inaceptable” que el presidente del TC aplique criterios de abstención a otros magistrados sin hacerlo en su propio caso. Si la solicitud no prospera, el partido de Alberto Núñez Feijóo considera que se evidenciará una interpretación selectiva de la ley por parte de Conde-Pumpido, lo que podría llevar a una manipulación de la composición del Tribunal. Este tipo de acciones, según el PP, infringe los estándares básicos que se esperan en un Estado de derecho.
La situación actual del Tribunal Constitucional
Este movimiento del PP se suma a una solicitud reciente para que el Tribunal Constitucional suspenda su deliberación sobre el recurso a la ley del olvido penal hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas. Esta petición se alinea con la postura de los magistrados conservadores del TC, quienes han expresado preocupaciones similares. Sin embargo, Conde-Pumpido ha desestimado estas solicitudes, lo que ha generado un clima de tensión y controversia en el ámbito judicial español.
