La falta de ejecución presupuestaria en el sector de vivienda plantea dudas sobre las promesas del Gobierno.
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El compromiso del Gobierno en materia de vivienda ha sido, sin duda, uno de los pilares de su política social. Pero, ¿qué pasa realmente en la ejecución del presupuesto estatal en este ámbito? A pesar de los ambiciosos anuncios sobre la construcción de 40,000 viviendas públicas y la movilización de suelo público para mejorar la oferta de alquiler asequible, los números reflejan un desfase preocupante entre los objetivos políticos y la ejecución real.
Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), al cierre de 2024, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se sitúa como el que presenta la menor ejecución presupuestaria entre los 22 departamentos del Gobierno, con solo un 32,7% de las obligaciones reconocidas sobre el crédito disponible.
Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿qué está impidiendo que las promesas se traduzcan en acción concreta?
Análisis de los números reales del presupuesto
Aunque el ministerio presenta un porcentaje de ejecución comprometido del 95,4%, esta cifra no cuenta toda la historia. Este porcentaje se basa en los gastos comprometidos, que dependen de la justificación de los pagos por parte de otras administraciones. Mientras que los fondos están asignados, el desembolso efectivo se encuentra en un limbo administrativo. Diego Martínez López, catedrático de Economía Aplicada, señala que, aunque los gastos comprometidos deben llevarse a cabo, la ejecución real se limita a los pagos consumados. Esta discrepancia entre los números presentados y la realidad de la ejecución es alarmante.
Un buen ejemplo de esta problemática es el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con 2,200 millones de euros destinados a impulsar la vivienda social en 2024, los datos de ejecución hasta diciembre indican que no se ha utilizado ni un solo euro de esta partida. Aunque el ICO ha aprobado 59 operaciones que movilizan 726 millones de euros, estos fondos no se contabilizan como gasto hasta que se formalicen los préstamos. Esta situación revela una falta de agilidad en el proceso administrativo que se traduce en una ejecución presupuestaria deficiente.
Lecciones prácticas para los fundadores y gestores de proyectos
¿Qué pueden aprender los fundadores y gerentes de proyectos de esta situación? La importancia del product-market fit (PMF) no solo se aplica a startups de tecnología, sino también a iniciativas gubernamentales. Sin un enfoque claro en cómo satisfacer las necesidades del mercado, el riesgo de que los recursos no se utilicen de manera efectiva aumenta significativamente. Además, el churn rate en este contexto podría interpretarse como la pérdida de oportunidades para los ciudadanos que necesitan vivienda asequible, lo que podría tener un impacto negativo en la percepción pública del Gobierno.
Es crucial que quienes gestionan proyectos en el ámbito público establezcan métricas claras de rendimiento y se centren en la sostenibilidad de sus iniciativas, tal como se hace en el sector privado. La transparencia en la ejecución y la rendición de cuentas son esenciales para cerrar la brecha entre las promesas y la realidad. Sin un enfoque basado en datos que muestre el impacto real de las inversiones, es probable que la desconfianza pública se perpetúe.
Conclusiones y recomendaciones
El análisis de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda revela una desconexión preocupante entre las promesas políticas y la capacidad de acción. Para abordar eficazmente la crisis habitacional, es imperativo que el ministerio no solo se enfoque en compromisos financieros, sino que también implemente estrategias que faciliten la ejecución efectiva de estos recursos. La falta de actualizaciones en el presupuesto público y la burocracia existente son obstáculos que deben superarse para asegurar que las iniciativas de vivienda no queden solo en papel.
Los responsables deben establecer un marco de trabajo que permita una mayor agilidad en la ejecución de proyectos y fomentar la colaboración entre las distintas administraciones para optimizar los procesos. Solo así se podrá dar respuesta a uno de los retos más urgentes de la sociedad actual: el acceso a una vivienda digna y asequible.
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