Explora las complejidades de la defensa legal presentada por Álvaro García Ortiz y las implicaciones de la investigación en curso.
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En un desarrollo legal significativo, Álvaro García Ortiz, el Fiscal General de España, ha presentado formalmente su defensa ante el Tribunal Supremo en relación con las acusaciones de divulgación de información confidencial. Estas imputaciones surgen de la investigación en curso sobre Alberto González Amador, quien está notablemente vinculado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
García Ortiz sostiene su inocencia, argumentando que sus acciones se ajustaron a los protocolos establecidos.
El documento de defensa, que ha sido revisado por El Independiente, expone el argumento del Fiscal General para su absolución, afirmando que los detalles esenciales del caso de González Amador ya habían sido divulgados por el marco institucional de la Comunidad de Madrid antes de los supuestos filtraciones.
Preocupaciones sobre las filtraciones de información
Según la defensa, el 13 de marzo de 2024, el día en que surgieron las primeras filtraciones de información, había una gran preocupación tanto en la Fiscalía General como en la Fiscalía de Madrid. Esta inquietud se originó por las narrativas falsas que circulaban en medios de comunicación y plataformas sociales, sugiriendo que la fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador, lo cual distorsionaba completamente los hechos reales. El caos resultante encendió las alarmas sobre la integridad de la investigación.
Influencia de los medios y respuesta institucional
La documentación destaca el papel de los medios en la amplificación de la desinformación, ejemplificado a través de capturas de pantalla de diversas publicaciones e interacciones en redes sociales. Tras la publicación de un artículo por parte de ‘El Mundo’, que desencadenó un anuncio público de la Fiscalía, se evidenció que el artículo incluía citas directas de conversaciones privadas entre el fiscal principal, Julián Salto, y el abogado de González Amador.
García Ortiz afirma que en ese momento no tenía conocimiento de correos electrónicos relevantes, lo que cuestiona la posibilidad de que él fuera la fuente inicial de las filtraciones. Subraya la rápida difusión de información contradictoria y la intensa demanda pública de claridad, lo que llevó a la Fiscalía a emitir un comunicado de prensa para proteger la integridad de las investigaciones en curso y la reputación de los fiscales involucrados.
La Naturaleza de la Gestión de Datos
En su defensa, García Ortiz explica su práctica habitual de eliminar datos personales de su dispositivo móvil para cumplir con las regulaciones europeas de protección de datos. Asegura que la eliminación de su cuenta de Gmail fue una respuesta directa a la adquisición de información sensible relacionada con la investigación, publicada el 21 de noviembre de 2024. Esta filtración provocó una avalancha de mensajes incómodos y, en ocasiones, agresivos dirigidos hacia él.
Medidas de Seguridad Adoptadas
Ante esta situación, García Ortiz informó al jefe de la Brigada de Ciberseguridad, dado que las constantes llamadas y mensajes de diversas fuentes se volvieron cada vez más intrusivos. En enero de 2025, también notificó a Esmeralda Rasillo, jefa de la Unidad de Apoyo, sobre la filtración de su número móvil a la prensa, lo que le llevó a cambiar de dispositivo por razones de seguridad.
Testimonios de Testigos y Procedimientos Futuros
La defensa ha solicitado la comparecencia de varios individuos en el juicio, entre ellos, periodistas que participaron en la investigación, así como figuras clave de la oficina de Ayuso. Entre los testigos más destacados se encuentran el propio González Amador, su anterior abogado, Carlos Neira, y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Además, se espera que seis fiscales, incluida la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y su superior, Almudena Lastra, aporten su visión sobre el caso.
La estrategia de defensa del Fiscal General busca desmantelar las acusaciones presentando una visión amplia de las circunstancias que rodean las filtraciones y el posterior alboroto mediático. Al ilustrar el enfoque sistemático adoptado por diversos actores dentro de la Comunidad de Madrid para contrarrestar las repercusiones políticas, García Ortiz intenta establecer una narrativa alternativa en la que González Amador es retratado como víctima de un ataque motivado políticamente.
A medida que avanza el juicio, las implicaciones de este proceso podrían tener efectos duraderos en la percepción pública de las partes involucradas y en la integridad del sistema judicial español.
