Un informe anónimo ha dado lugar a una investigación sobre la gestión de los contratos de agua en Valencia, lo que implica importantes repercusiones financieras.
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En Valencia, han surgido preocupaciones significativas sobre la gestión de los contratos de agua, especialmente en relación con la empresa Egevasa. La fiscalía local está en proceso de recabar testimonios de diversas personas vinculadas a la firma que supervisa estos contratos.
Esta investigación es el resultado de una denuncia anónima detallada que alega irregularidades que ascienden a aproximadamente 80 millones de euros. Aunque la indagación está en curso, aún no se ha formalizado la investigación sobre ninguna persona.
Antecedentes de la investigación
La investigación se originó en julio de 2024, cuando la Fiscalía Provincial de Valencia recibió un aviso anónimo detallado. Fuentes cercanas al caso indican que la información contenida en la denuncia era tan precisa y convincente que apenas necesitó ajustes antes de ser presentada a las autoridades judiciales pertinentes. Ante los severos fenómenos meteorológicos que han afectado a la región, el juez ha solicitado acceso a los contratos mencionados en la denuncia que gestiona Egevasa.
Detalles de las acusaciones
Las acusaciones se centran en los contratos otorgados para diversos proyectos de construcción y servicios entre 2018 y 2022. Un informe anónimo destaca que Egevasa actúa como una entidad pública, donde el 51% es propiedad de la Diputación Provincial de Valencia y el 49% de Aguas de Valencia, parte del grupo Global Omnium. El denunciante sostiene que existe una red clandestina que facilita la transferencia de contratos al conglomerado privado, eludiendo los procesos legales de contratación.
Entre las irregularidades específicas identificadas en la denuncia se encuentran la falta de competencia pública en la adjudicación de contratos, la no división de lotes de contrato y el incremento de las calificaciones de los licitadores. Un aspecto particularmente preocupante de las acusaciones es la participación de empleados de Global Omnium, quienes no forman parte oficialmente de la plantilla de Egevasa, en los procesos de adjudicación de contratos. Esta situación genera posibles conflictos de interés, ya que los contratos a menudo terminan en empresas vinculadas a Global Omnium.
Cuantificando las irregularidades
La magnitud de la denuncia presenta numerosos detalles, incluyendo contratos específicos, fechas y casos de incumplimiento de las normativas de contratación. La fiscalía consideró que esta información era lo suficientemente confiable como para remitirla al Juzgado de Instrucción de Valencia, donde se lleva a cabo la investigación. Entre 2020 y 2023, se reporta que se adjudicaron aproximadamente 12,2 millones de euros en contratos de construcción, de los cuales un sorprendente 36% fue asignado a entidades vinculadas con Global Omnium, mientras que el 63% se destinó a Construcciones Micó Ferrándiz, estrechamente relacionada con Global Omnium a través de su relación como proveedor.
Ejemplos de contratos cuestionables
Uno de los contratos que ha suscitado críticas es el destinado a la gestión integral de la eliminación y transporte de lodos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales operadas por Egevasa. Se alega que dos empleados de Global Omnium formaron parte del comité de adjudicación, lo que indicaría un conflicto de interés directo, ya que la oferta ganadora provino de una filial de su empresa matriz. Además, se informa que el Acuerdo Marco para pequeñas obras de reparación en colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales también contó con la participación de personal de Global Omnium.
Otro caso notable es el contrato para la estabilización de taludes en la instalación de EDAR Ontinyent. La denuncia destaca que no solo había empleados de Global Omnium presentes durante el proceso de adjudicación, sino que también se produjeron importantes violaciones de procedimiento. Por ejemplo, el anuncio de la licitación fue modificado después de la fecha límite para la presentación de ofertas, lo que creó una ventaja injusta para quienes conocían los cambios, mientras que otros posibles licitadores quedaron desinformados.
Implicaciones y próximos pasos
Las implicaciones de estas acusaciones son significativas. No solo cuestionan la integridad de los procesos de contratación en Valencia, sino que también generan dudas sobre la responsabilidad de las entidades públicas. A medida que avanza la investigación, se centrará en determinar si estas irregularidades fueron sistémicas y si afectaron a un número considerable de contratos.
La Fiscalía de Valencia sigue recopilando información. Los resultados de esta indagación podrían dar lugar a un debate más amplio sobre la transparencia en la contratación pública y la gobernanza de las asociaciones público-privadas. Los actores involucrados, incluidos funcionarios del gobierno local y la ciudadanía, esperan con gran interés los hallazgos, ya que podrían tener consecuencias de gran alcance para la gestión de los recursos públicos en la región.
