El equipo legal de Begoña Gómez sostiene que no ha cometido ninguna irregularidad en la contratación de su asesor.
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Los recientes problemas legales que rodean a Begoña Gómez, esposa del Primer Ministro de España, han generado una considerable atención. Gómez enfrenta acusaciones de malversación vinculadas a la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, mientras ejercía funciones en Moncloa. Tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de avanzar con un juicio por jurado, la defensa de Gómez sostiene con firmeza su inocencia y está apelando esta resolución.
Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, argumenta que los roles y responsabilidades de los asesores de los cónyuges de líderes gubernamentales no están claramente definidos dentro del marco legal. Esta falta de claridad, según Camacho, genera una zona gris legal que complica la evaluación de las acciones de Gómez en relación con la contratación de su asesora.
El núcleo de la apelación
En el documento de apelación obtenido por El Independiente, la defensa resalta un punto crítico: ejercer su derecho a responder de manera selectiva durante el interrogatorio judicial no debería interpretarse como una admisión de culpabilidad. La decisión de Gómez de responder solo a las preguntas de su abogado en la última sesión judicial se presenta como una estrategia legal legítima, no como evidencia de irregularidades.
Además, Camacho enfatiza que Gómez, como ciudadana privada y no funcionaria pública, no puede ser clasificada como servidora pública en el contexto de estas acusaciones. Argumenta que carece de autoridad o jurisdicción independiente y no desempeña funciones públicas como pareja del Primer Ministro. Esta distinción es crucial para su defensa.
Argumentos clave presentados
Asimismo, la defensa sostiene que Gómez no estuvo involucrada en las transacciones financieras ni en el proceso de nombramiento de Álvarez. Aseguran firmemente que sus acciones no constituyen ninguna forma de malversación. La defensa señala que ni Álvarez ni Francisco Martín Aguirre, Delegado del Gobierno en Madrid y quien estuvo estrechamente implicado en la contratación, pueden ser considerados como posibles infractores.
Camacho también expresa inquietudes sobre la equidad procesal en este caso. Asegura que no tuvo acceso oportuno a pruebas críticas, como correos electrónicos presentados por el exvice-rector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, ni a resoluciones previas del juez Peinado. Argumenta que varias de estas decisiones judiciales carecen de una justificación adecuada, se basan en suposiciones erróneas y conducen a conclusiones ilógicas.
Implicaciones del caso
Esta batalla legal no solo afecta a Gómez de manera personal, sino que también tiene implicaciones más amplias para el panorama político en España. La Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo han puesto en duda previamente la viabilidad de las acusaciones de malversación en este caso. La revisión del Tribunal Supremo indicó que no había pruebas suficientes para respaldar las acusaciones más allá de meras especulaciones.
Al revisar la participación de Félix Bolaños, el ministro responsable del proceso de contratación, el Tribunal Supremo concluyó que no había indicadores sólidos de mala conducta. A la luz de esto, reiteraron que la implicación de Gómez se limitaba a utilizar los servicios de su asesora, distanciándola aún más de posibles infracciones legales.
Próximos pasos
A medida que este caso avanza, plantea importantes preguntas sobre la responsabilidad y la transparencia en los asuntos gubernamentales, especialmente en lo que respecta a los cónyuges de funcionarios de alto rango. El resultado de esta apelación podría establecer un precedente sobre cómo se manejan casos similares en el futuro.
Por ahora, Begoña Gómez y su equipo legal se mantienen firmes en su compromiso de limpiar su nombre. Aseguran que las acusaciones son infundadas y que los procedimientos legales reafirmarán su inocencia.
