Las cuentas financieras de exfuncionarios del transporte están siendo objeto de investigación en España.
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En España, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional que investigue los registros financieros de dos figuras prominentes: Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras.
La UCO considera que este examen es crucial para determinar si estos funcionarios recibieron alguna forma de compensación durante su mandato.
Según un documento oficial obtenido por El Independiente, la UCO ha señalado que tanto Pardo de Vera como Herrero actuaron como facilitadores en la obtención de contratos que fueron notablemente exitosos.
Esta investigación forma parte de una fase más amplia, que incluye el análisis de datos incautados durante registros en domicilios y la información solicitada al Ministerio de Transportes y ADIF.
Detalles de la revisión financiera
La UCO ha presentado una solicitud formal al juez Ismael Moreno, instándole a emitir órdenes judiciales a varios bancos para acceder a los registros financieros de ambos ex funcionarios. Consideran que un análisis económico y fiscal exhaustivo es esencial para proporcionar contexto a la documentación recopilada. Este análisis busca descubrir cualquier posible irregularidad en sus transacciones financieras.
Solicitud de registros financieros
De acuerdo con la solicitud de la UCO, buscan datos de alrededor de una docena de bancos sobre cuatro cuentas vinculadas a Pardo de Vera y aproximadamente treinta cuentas asociadas con Herrero. Estas cuentas pueden incluir aquellas donde figuran como titulares o signatarios autorizados. Además, la UCO ha contactado a la Agencia Tributaria para obtener un informe completo que detalle sus actividades financieras desde 2017 hasta 2024. Este informe abarcará información sobre transacciones monetarias, propiedades inmobiliarias, acciones corporativas, declaraciones fiscales, donaciones y cualquier posible caja de seguridad que puedan poseer.
Conexiones con empresas e investigaciones externas
En el caso de Herrero, los investigadores han destacado su vinculación con dos empresas específicas. Se le identifica como una persona autorizada para cuentas relacionadas con Polis Project, S.R.L.U., una firma especializada en ingeniería y consultoría técnica. Además, ha sido reconocido como el propietario beneficiario de Palta Naturae S.L., una empresa dedicada al cultivo de frutas tropicales y subtropicales. Sin embargo, la investigación ha excluido deliberadamente las cuentas asociadas con ADIF y la comunidad de propietarios de Villa Coral, considerándolas irrelevantes para el caso.
Vínculo con figuras políticas de alto perfil
La documentación de la UCO ilustra una conexión con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien actualmente enfrenta investigaciones por su condición de aforado. El juez del Segundo Tribunal ha sugerido que Pardo de Vera y Herrero pudieron haber desempeñado un papel en la promoción de contratos impulsados por directrices de Ábalos, comunicadas a través de su ex asesor, Koldo García.
Tanto Pardo de Vera como Herrero han negado cualquier implicación en manipulación de contratos durante sus declaraciones en julio. Sus afirmaciones reflejan una postura firme contra las acusaciones que han surgido a raíz de estas investigaciones.
Este caso pone de relieve las preocupaciones sobre la transparencia administrativa y la rendición de cuentas en el sector del transporte en España, subrayando la importancia de un control financiero riguroso en el ejercicio de la función pública. A medida que avanza la investigación, se espera esclarecer si los servidores públicos cumplieron con los estándares éticos en su conducta profesional.
