La investigación sobre el apagón de abril en España continúa en curso, manteniendo vivo el misterio.
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El 28 de abril, España vivió un apagón sin precedentes que sumió a toda la Península Ibérica en la oscuridad, afectando a millones de residentes y negocios. Cinco meses después, la investigación nacional dirigida por el juez José Luis Calama sigue envuelta en el secreto, ya que la indagatoria se ha ampliado nuevamente.
A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre un desequilibrio en la red eléctrica como causa del incidente, la oficina del juez aún no ha concluido su análisis sobre lo sucedido.
La última decisión del juez Calama de extender la investigación se hizo pública el 30 de septiembre, con fuentes legales confirmando la resolución a El Independiente.
Esta indagatoria, mantenida en confidencialidad desde el 30 de abril, se inició poco después del apagón. Es importante destacar que esta investigación fue emprendida por el juez sin necesidad de una solicitud de la fiscalía.
Entendiendo el evento del apagón
Según los hallazgos iniciales del juez, el apagón ocurrió poco después de las 12:30 PM, cuando se produjo una pérdida repentina de aproximadamente el 60% del suministro eléctrico durante cinco segundos, una situación que se describió como nunca antes vista. El juez señaló que, aunque no se ha determinado una causa formal, no se puede descartar la posibilidad de saboteo cibernético o incluso acciones terroristas. Esto llevó a la necesidad de una exhaustiva pesquisa judicial sobre posibles delitos.
Respuesta y hallazgos del gobierno
Ante el apagón, el gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, consideró inicialmente la teoría de un ciberataque. Sin embargo, esta especulación fue rápidamente desestimada por el operador eléctrico Red Eléctrica, que llevó a cabo su propia investigación poco después. Hace más de tres meses, la tercera vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó un informe al Consejo de Ministros que concluyó que no había evidencia que vinculara el apagón con incidentes cibernéticos. Este informe, respaldado por el Consejo de Seguridad Nacional, indicó que el apagón se atribuyó a fallos operativos dentro del operador de la red eléctrica.
Análisis técnico de la crisis
El informe destacó un error significativo de planificación por parte de Red Eléctrica, que es parcialmente estatal. Un mal funcionamiento en las plantas de energía que debían estabilizar la red provocó una fluctuación atípica en la red eléctrica alrededor del mediodía. Esta inestabilidad activó los protocolos europeos existentes, resultando en un rápido y sostenido aumento de voltaje que causó desconexiones en varias regiones, incluyendo Granada, Badajoz y Sevilla. El efecto cascada de estas fallas, en última instancia, cortó la capacidad de España para interactuar con la red europea a través de Francia.
A la espera de nuevas investigaciones
El juez Calama está actualmente a la espera de los informes y las investigaciones policiales que aún no han llegado a su tribunal. En su orden inicial, encomendó al Centro Criptológico Nacional (CCN), que opera bajo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que proporcionara un informe detallado sobre el apagón. Además, solicitó una investigación al Comisario General de Policía de Información. El juez estableció un estricto plazo de diez días para estos informes, lo que significa que debería haber recibido hallazgos preliminares para mayo. Sin embargo, fuentes dentro de la Audiencia Nacional expresan sorpresa de que la investigación siga en curso, especialmente después de que el gobierno ya ha publicado un informe definitivo desestimando la posibilidad de actividades cibernéticas delictivas.
A medida que la investigación avanza, surgen interrogantes sobre la efectividad del sistema de gestión energética en España y las posibles vulnerabilidades en la infraestructura del país. Cuanto más se prolongue la indagación judicial, mayor será la incertidumbre sobre lo que realmente causó una interrupción tan masiva. Las implicaciones para la política energética y la seguridad nacional son significativas, y la población española permanece expectante por obtener claridad.
