Ábalos se aferra a su salud para evitar comparecer en un juicio por presuntas irregularidades
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José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, ha solicitado al Tribunal Supremo que le permita comparecer a través de videoconferencia en la audiencia previa a su juicio. Este pedido está respaldado por varios informes médicos que revelan múltiples problemas de salud, que van desde la hipertensión hasta dolor lumbar severo, lo que podría afectar su movilidad y bienestar durante su presentación en la corte.
La audiencia está programada para el 12 de febrero, y los documentos presentados indican que Ábalos sufre de escoliosis, una condición que provoca una curvatura anormal de la columna vertebral, así como de diabetes y otros problemas circulatorios. Este historial médico, que incluye el consumo de cerca de 40 cigarrillos diarios, refleja un estilo de vida que podría complicar su salud en un entorno judicial.
Condiciones de salud y consecuencias
Entre las dolencias que ha presentado, el exministro destaca un estrechamiento severo de la arteria carótida derecha, además de los mencionados problemas de colesterol y presión arterial alta. Estas condiciones han sido documentadas en al menos una decena de informes médicos, lo que refuerza su solicitud para evitar el traslado físico a la audiencia.
La defensa de Ábalos no es la única que ha solicitado medidas similares. Koldo García, otro implicado en el caso, ha argumentado que los traslados desde los centros penitenciarios son difíciles y pueden resultar en un deterioro de la salud de los internos. García ha solicitado que se le permita participar en el juicio a través de videoconferencia, citando experiencias pasadas que le ocasionaron lesiones durante los traslados.
La situación de Koldo García
La abogada de García, Leticia de la Hoz, ha expuesto que el traslado reciente de su cliente a la Audiencia Nacional le causó lesiones físicas, tales como erosiones en las muñecas y traumatismos en la espalda. Estas complicaciones han llevado a la defensa a solicitar que se garantice la salud e integridad física de su cliente durante el proceso judicial, en donde las condiciones de transporte son inadecuadas.
Desarrollo del juicio y acusaciones
El juicio por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas, que involucra a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, será dirigido por el Partido Popular (PP), que actuará como cabeza de las acusaciones populares en el caso. El Tribunal Supremo ha decidido que la unificación de estas acusaciones bajo el mando del PP es la mejor manera de proteger el derecho de defensa de los acusados, desestimando así las solicitudes de Vox y la Asociación Liberum para actuar de manera independiente.
La decisión de agrupar a las acusaciones fue tomada por el magistrado Leopoldo Puente en diciembre de, con el objetivo de garantizar un juicio más ordenado y efectivo. Desde entonces, los abogados del PP han tenido acceso exclusivo a los interrogatorios y a todos los documentos relacionados con el proceso, lo cual ha sido motivo de controversia entre las otras partes involucradas.
Implicaciones de la decisión judicial
En el auto emitido por el Tribunal, se destaca que la unificación de las acusaciones no solo busca simplificar el proceso, sino también asegurar que se mantenga el mismo interés procesal entre las partes. Este enfoque ha sido cuestionado por los otros acusadores, quienes han intentado, sin éxito, obtener una participación más directa en el juicio que se avecina.
Además, el Tribunal ha declarado la pérdida de competencia para continuar con una pieza separada que investiga a Ábalos y otros implicados por adjudicaciones de obras públicas, transfiriendo el caso a la Audiencia Nacional, donde se proseguirá con las investigaciones pertinentes. Este movimiento es el resultado de la renuncia de Ábalos a su cargo como diputado, lo que significa que ya no goza de la condición de aforado que le daba acceso al Tribunal Supremo.
La pieza en cuestión, abierta en septiembre de, se relaciona con las adjudicaciones de obras que se sospecha fueron realizadas de manera ilícita, en un contexto que también incluye la compra de las mascarillas. La evolución de este caso y la conexión entre ambas investigaciones se mantendrán bajo vigilancia mientras se desarrolla el juicio principal.
