El Gobierno busca un nuevo acuerdo sobre pensiones y desahucios tras la oposición de varios partidos.
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En un intento de avanzar en la revalorización de las pensiones y de las medidas contra losdesahucios, elGobierno españolha optado por dividir un decreto ‘ómnibus’ en dos partes distintas. Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión política, especialmente deJunts, que ha mostrado resistencia a las condiciones impuestas en el texto original.
División de decretos y reacciones políticas
La fragmentación del decreto responde a las necesidades de negociación delEjecutivopara asegurar el apoyo de partidos clave. En particular, elPartido Nacionalista Vasco (PNV)ha llegado a un acuerdo que excluye a los propietarios que solo tienen un piso en alquiler de la prohibición de desahuciar a familias en situaciones vulnerables.
Sin embargo, este movimiento ha generado un debate intenso dentro de la coalición de izquierda, especialmente entrePodemosy otras fuerzas progresistas que se muestran reticentes a disminuir las protecciones sociales.
Perspectivas sobre las pensiones
Laministra de Inclusión,Elma Saiz, ha subrayado que el Gobierno continúa comprometido con la revalorización de las pensiones. A pesar de que el Congreso rechazó el decreto inicial, la ministra ha asegurado que están explorando diferentes escenarios para darcertezaa los pensionistas. La ministra enfatizó la importancia del diálogo continuo con los grupos parlamentarios, aunque no confirmó si se están llevando a cabo negociaciones específicas conJunts.
Desde elPartido Popular (PP), su líderAlberto Núñez Feijóoha criticado al Gobierno, acusándolo de utilizar a los pensionistas comorehenesen una estrategia política. Feijóo ha insistido en que su partido está dispuesto a apoyar la revalorización de las pensiones, siempre que se presente de forma separada y no mezclada con otras medidas. Además, ha denunciado ladebilidad parlamentariadel Gobierno, que se ha visto obligado a depender de apoyos externos para llevar a cabo sus propuestas.
Controversia sobre medidas de desahucio
La cuestión de los desahucios ha sido otro punto álgido en las discusiones recientes. Laministra de Vivienda,Isabel Rodríguez, ha defendido la necesidad de proteger a las familias vulnerables, argumentando que es un deber de las administraciones garantizar un hogar a quienes se encuentran en situaciones de adversidad. Esta postura ha sido criticada por el PP y Vox, quienes creen que las medidas deberían proteger más a los propietarios.
Resistencia de Junts y otros partidos
A pesar de los acuerdos alcanzados con el PNV,Juntsha manifestado su escepticismo respecto a la nueva división de los decretos. Su portavoz,Míriam Nogueras, ha exigido una revisión detallada de los términos del acuerdo, sugiriendo que las medidas propuestas podrían no ser suficientes para evitar que los pequeños propietarios asuman el peso de las políticas de protección social. La falta de consenso entre los partidos de izquierda y la oposición también ha puesto en duda la efectividad de estas medidas.
En este contexto, el líder de Vox,Santiago Abascal, ha calificado al Gobierno de “malnacido”, acusándolo de mezclar propuestas que favorecen a los ocupas ilegales con cuestiones de vital importancia como la revalorización de las pensiones. Abascal aboga por una separación clara entre las políticas dirigidas a pensionistas y aquellas que tratan sobre la ocupación de viviendas.
El futuro de las pensiones y las medidas contra los desahucios en España se encuentra en un estado de incertidumbre. Mientras el Gobierno busca el apoyo necesario para avanzar en estos asuntos, la división de los decretos podría facilitar una discusión más centrada y productiva. Sin embargo, las diferencias entre los partidos de la coalición y la oposición podrían complicar aún más el proceso legislativo.
A medida que se acercan las elecciones, el escenario político se vuelve más tenso, con cada partido intentando capitalizar la situación para sus propios intereses. La próxima semana podría ser decisiva para el futuro de las políticas sociales en España, donde el bienestar de millones de ciudadanos depende de las decisiones que se tomen en el Congreso.
