Una marcha frente al CSIC y la SECAL reclama una ciencia sin maltrato y anuncia nuevas acciones en torno al juicio
En torno a la polémica por el uso de animales en investigación, grupos animalistas han vuelto a llevar sus demandas a la calle para pedir el cierre de Vivotecnia. La convocatoria, impulsada por la plataforma Cerremos Vivotecnia Por los Animales, reunió a personas que reclaman cambios en las prácticas científicas y más controles sobre los laboratorios que realizan ensayos toxicológicos.
El contexto de la protesta conecta la indignación popular con procesos judiciales y debates técnicos que han permanecido abiertos desde que salieron a la luz las grabaciones internas.
En 2026 se produjo un punto de inflexión cuando, el 9 de abril de 2026, una trabajadora con cámara oculta difundió imágenes que denunciaban supuestos maltratos a animales en las instalaciones de Vivotecnia en Tres Cantos.
Aquellas imágenes desencadenaron reacciones políticas, inspecciones administrativas y una suspensión temporal de la actividad del centro, cuya licencia fue posteriormente restituida tras comprobaciones oficiales. Desde entonces el caso ha alimentado tanto la movilización ciudadana como la acción legal y mediática.
Origen del escándalo y consecuencias institucionales
Las grabaciones desataron un debate público amplio sobre la experimentación animal y la transparencia en la investigación. Más allá de la conmoción inicial, el episodio puso en evidencia la relación entre centros científicos y proveedoras de animales de experimentación: entidades como el CSIC, el Parc Científic de la Universitat de Barcelona o el CNIO han sido señaladas por seguir contratando servicios a Vivotecnia. Para muchas personas la controversia mostró una laguna entre la normativa vigente y su aplicación real, y cuestionó el papel de las autoridades en la supervisión de laboratorios que realizan procedimientos con animales.
Movilización ciudadana y recorrido de la protesta
La manifestación partió desde las inmediaciones de instituciones científicas y concluyó frente a la sede de la sociedad profesional implicada, la SECAL. Un grupo reducido, de alrededor de 70 personas, recorrió varios puntos clave y leyó comunicados en los que exigía a organismos públicos que revisen sus contratos con proveedores de animales. Entre los lemas se reclamaba una ciencia con conciencia y el fin de prácticas que, según los convocantes, suponen violencia hacia animales utilizados en laboratorio.
Acción judicial y estrategia de las organizaciones
Paralelamente a las movilizaciones, distintas organizaciones como FAADA, AnimaNaturalis, Cruelty Free International, adda y PACMA impulsaron acciones legales contra responsables del centro. La vía judicial culmina con un procedimiento en el que se juzgará la conducta de trabajadores vinculados a Vivotecnia, con sesiones previstas para los días 7 y 8 de mayo. Además, la agente que grabó las imágenes, conocida públicamente como activista infiltrada, se ha convertido en testigo central y en figura protagonista del debate sobre las tácticas de denuncia.
Debate científico, alternativas y la petición de los activistas
El conflicto ha reabierto preguntas sobre la validez y la ética de la experimentación animal en la ciencia contemporánea. Los manifestantes y varias organizaciones reclaman que instituciones como el CSIC apuesten por modelos no animales y por métodos avanzados de investigación que reduzcan o sustituyan el uso de seres vivos, mencionando técnicas in vitro y modelos computacionales. En este contexto también ha tomado peso el testimonio y el documental que narran la investigación interna, herramientas que los activistas consideran clave para sensibilizar a la opinión pública y presionar por un cambio de modelo.
Mientras sigue el proceso jurídico y las inspecciones administrativas mantienen su papel, los grupos que demandan el cierre de Vivotecnia anuncian nuevas movilizaciones para mantener el asunto en la agenda pública. La consigna que recorre estas convocatorias apuesta por una transición hacia una ciencia con menos sufrimiento animal, y señala tanto a empresas privadas como a instituciones públicas que contratan servicios a laboratorios cuestionados. El desafío ahora es traducir la indignación social en reformas efectivas que combinen ética, control y alternativas científicas.
