La Audiencia Nacional determina que Jordi Pujol, de 95 años, carece de capacidad procesal y queda fuera del procedimiento; sus hijos y colaboradores seguirán respondiendo en el juicio
El tribunal de la Audiencia Nacional acordó el 27 de abril de 2026 que el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años, no está en condiciones de ser juzgado por el presunto enriquecimiento ilícito de su familia.
Tras un reconocimiento médico presencial en la sede de San Fernando de Henares y con la asistencia de forenses, el presidente del tribunal anunció que la causa respecto al ex mandatario quedará sobreseída por imposibilidad de que el acusado ejerza su defensa de manera adecuada.
La decisión llega después de observaciones previas realizadas en noviembre y de informes que señalan un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (Alzheimer y vascular). Aunque Pujol manifestó su voluntad de declarar, los especialistas y el tribunal concluyeron que no posee la capacidad procesal necesaria para responder con coherencia a preguntas sobre hechos ocurridos décadas atrás, por lo que no podrá participar en la fase de enjuiciamiento como acusado.
Motivos médicos y trámite judicial
Los peritos que intervinieron en el procedimiento remitieron al tribunal la valoración clínica que recoge deterioro cognitivo irreversible y progresivo. Ese informe, junto con el examen presencial acordado para evitar cualquier forma de edadismo, llevó al presidente del tribunal a justificar la exclusión del ex presidente. En la práctica procesal, la medida implica que la imputación penal contra Jordi Pujol queda suspendida en lo que a él respecta: ni se le condena ni se le absuelve, sino que su participación en el procedimiento queda archivada por razones de salud.
¿Qué significa no tener capacidad procesal?
La capacidad procesal es el requisito que permite a una persona comprender los hechos que se le atribuyen y ejercer su derecho de defensa con autonomía. En este caso, los forenses y el tribunal valoraron que esa capacidad está comprometida. Se barajó la posibilidad de una declaración por videoconferencia, pero la logística y el propio estado de salud hicieron inviable esa alternativa. Además, fuentes próximas al expresidente indicaron que, dadas sus condiciones neurológicas, la familia esperaba que se acogiera al derecho a no declarar.
Impacto en el desarrollo del juicio
La exclusión de Pujol no detiene el proceso: la causa continúa contra sus siete hijos y una quincena de colaboradores. La Fiscalía Anticorrupción había pedido nueve años de prisión para el ex presidente y solicitó para otros acusados penas superiores, entre ellas los 29 años que pide para Jordi Pujol Ferrusola. La acusación sostiene que la familia formó una supuesta asociación ilícita para obtener comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y que los fondos se blanquearon, en parte, a través de cuentas en Andorra.
Declaraciones y alegaciones en la sala
En la sesión que siguió a la exclusión del patriarca declaró el primogénito, quien detalló numerosos negocios y negó que determinados convenios familiares fuesen maniobras para ocultar patrimonio. Explicó que muchos acuerdos se realizaron sin documentación formal por basarse en información privilegiada y en la confianza entre las partes. Citó, por ejemplo, la ampliación de la refinería de Cartagena y el papel de intermediarios como Ricard Fornesa, aunque evitó nombrar a algunos propietarios por temor a daños colaterales en la investigación.
Contexto familiar y político
La investigación policial y la acusación pública cuestionan la versión de la familia sobre el origen de los fondos, que ellos atribuyen a una herencia del abuelo Florenci Pujol. En su declaración, uno de los hijos relató el traspaso de la gestión de esa supuesta deixa en 1990 y ofreció recuerdos de la época de la Transición como contexto para entender por qué parte del patrimonio carecía de rastro documental. Mientras tanto, el entorno político ha vivido movimientos de rechazo y de rehabilitación: fuerzas que inicialmente rechazaron al clan han matizado su posición, y la familia solicitó que no se celebrasen concentraciones frente a la sede de la Audiencia.
En definitiva, la resolución del 27 de abril de 2026 deja a Jordi Pujol fuera del proceso por razones de salud, pero mantiene abiertas las responsabilidades penales de otros imputados. El juicio seguirá su curso con nuevas declaraciones y la valoración de pruebas que la Fiscalía y la defensa expondrán en las próximas sesiones, mientras la opinión pública y el entorno político observan las implicaciones que esta decisión tiene para el legado del ex presidente.
