Australia aprueba un proyecto que obliga a plataformas a compensar el trabajo periodístico o a afrontar una tasa del 2.25% sobre ingresos locales
El gobierno australiano presentó un proyecto que obliga a las grandes plataformas digitales a aportar recursos para sostener las redacciones locales. En el borrador de la iniciativa, que el Ejecutivo prevé introducir en el Parlamento antes del 2 de julio, se establece un mecanismo que busca incentivar acuerdos comerciales entre empresas tecnológicas y medios, o gravar a las primeras si no alcanzan esas negociaciones.
La medida apunta directamente a Meta, Google y TikTok, plataformas que concentran gran parte del consumo informativo en línea.
Según el texto divulgado por el gobierno, la propuesta —denominada News Bargaining Incentive (NBI) en su formato original— contempla un impuesto del 2.25% sobre los ingresos que esas compañías obtienen en Australia, con la posibilidad de reducir el pago mediante compensaciones por acuerdos con editoriales.
El Ejecutivo calcula que el mecanismo podría generar entre A$200 millones y A$250 millones anuales (aprox. US$144–$179 millones), suma similar a lo recaudado cuando rigió el anterior marco regulatorio.
Qué incluye la propuesta
La iniciativa establece criterios para que la tasa se aplique solo a plataformas que superen determinados umbrales: ingresos anuales en Australia superiores a A$250 millones y una masa relevante de usuarios —por ejemplo, servicios de redes sociales con al menos 5 millones de usuarios y motores de búsqueda con 10 millones. Si las compañías firman acuerdos de pago directo con medios, se les reconocerán offsets que reducen la carga fiscal. El esquema prevé que esos descuentos sean lo suficientemente generosos como para incentivar la firma de contratos, con beneficios adicionales cuando se pacte con editores más pequeños.
Distribución de los fondos
El gobierno propone repartir los ingresos recaudados entre los medios en función del número de periodistas empleados por cada redacción, según explicó la ministra de Comunicaciones, Anika Wells. La fórmula busca priorizar la preservación de puestos y la capacidad de producción informativa evitando repartir fondos de forma proporcional únicamente al tráfico o al tamaño de la empresa. De este modo, la idea es que el apoyo vaya directamente a fortalecer el capital humano del periodismo profesional.
Contexto y antecedentes
Australia ya priorizó esta materia con la creación del News Media Bargaining Code en 2026, cuando se obligó a las plataformas a negociar pagos con los editores. En esa ocasión muchas compañías prefirieron alcanzar acuerdos comerciales para evitar arbitrajes forzosos; sin embargo, más adelante algunas evadieron esas obligaciones retirando contenido noticioso de sus servicios, lo que debilitó los ingresos de los medios y provocó recortes de personal. El nuevo borrador pretende cerrar esa vía de escape gravando la facturación aunque la plataforma no difunda noticias.
Exclusión de ciertos servicios
El texto actual excluye expresamente a algunos servicios de inteligencia artificial y herramientas que procesan información mediante modelos de lenguaje, asunto que el Ejecutivo considera que debe abordarse por separado en foros de propiedad intelectual y regulación de IA. El asistente del tesorero, Daniel Mulino, ha señalado que esos temas se están estudiando en otros procesos, por lo que no forman parte del alcance inmediato del NBI.
Respuestas de las plataformas y reacciones
Las corporaciones aludidas respondieron con críticas. Meta calificó la iniciativa como un impuesto digital mal planteado y afirmó que los medios publican voluntariamente en sus plataformas porque obtienen visibilidad; añadió que imponer una transferencia de recursos de esa naturaleza no garantizará la sostenibilidad del sector periodístico. Google rechazó la necesidad del gravamen, argumentando que ya mantiene acuerdos comerciales con numerosos editores y que la propuesta ignora cambios en el mercado publicitario y la aparición de otros actores no contemplados en la ley.
El primer ministro, Anthony Albanese, defendió la iniciativa subrayando que la remuneración por el trabajo periodístico debe tener un valor monetario: «No puede tomarse el contenido creativo para generar beneficios de multinacionales sin compensación adecuada para quienes lo producen», dijo. Albanese también recalcó la soberanía de la decisión legislativa ante posibles objeciones internacionales.
Impacto y dudas pendientes
La propuesta reabre el debate sobre el equilibrio entre grandes plataformas y la prensa local: sus partidarios sostienen que favorecerá la viabilidad de redacciones y la calidad informativa, mientras que sus detractores alertan sobre efectos secundarios como la distorsión de mercados o represalias políticas y comerciales desde el extranjero. Quedan por resolverse detalles técnicos —cómo se medirán los ingresos locales, la definición exacta de «usuarios relevantes» y la inclusión de nuevos actores— antes de que el proyecto avance en el Parlamento.
En conjunto, la iniciativa representa un intento decidido de adaptar la regulación a la concentración digital y de garantizar que el periodismo profesional reciba recursos por el valor que genera en los ecosistemas informativos online, aunque su éxito dependerá de la negociación política y de la respuesta de las empresas afectadas.
