El Juzgado Central de Instrucción número 2 ha fijado la declaración de Víctor de Aldama y Koldo García el 14 de mayo como investigados en una nueva pieza sobre los contratos de mascarillas; los informes de la UCO y de la Agencia Tributaria contienen cifras y afirmaciones que ampliarán el debate procesal
El juez instructor del llamado caso mascarillas en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado que el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García comparezcan como investigados el 14 de mayo. La providencia detalla la hora de cada cita y sitúa esta diligencia en el marco de una segunda causa que complementa las pesquisas ya abiertas sobre los contratos de material sanitario durante la pandemia.
La convocatoria llega en paralelo al juicio que se celebra en el Tribunal Supremo durante el mes de abril, en el que figuran como acusados Víctor de Aldama, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, al que por su condición de aforado se le instruyó la parte correspondiente en el alto tribunal.
Al tiempo, informes policiales y tributarios han ido alimentando la instrucción con datos económicos y afirmaciones sobre roles y pagos.
Convocatoria y alcance de la segunda pieza
La diligencia ordenada por Ismael Moreno se integra en el expediente que tramita el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. En la providencia se fijan las comparecencias: Aldama a las 10:00 y García a las 10:40 del 14 de mayo. Esta rama investiga aspectos complementarios de los contratos de mascarillas y podría anticipar el cierre de la instrucción que dirige el magistrado, siempre en función de las pruebas que se aporten.
La existencia de dos vías procesales —la que se dirime en el Tribunal Supremo por el aforamiento de Ábalos y la que continúa en la Audiencia Nacional— obliga a coordinar actuaciones y a valorar las piezas periciales que se van incorporando, desde informes forenses hasta los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Agencia Tributaria.
Lo que aportan los informes: versión de la UCO y de Hacienda
Según el informe de la UCO que ha sido remitido al juzgado, la trama habría contado con dos figuras clave: por un lado, un responsable político con capacidad de influencia y, por otro, un empresario dispuesto a financiar operaciones. La UCO califica a José Luis Ábalos como el jefe instrumental —la persona que abría puertas en las administraciones— y a Víctor de Aldama como quien, en última instancia, pagaba y exigía. En esa narración, Koldo García actúa como correa de transmisión y gestor de pagos.
Los agentes han detallado, siempre en su informe, anotaciones y apuntes supuestamente vinculados a transferencias y pagos etiquetados en los papeles del empresario —por ejemplo, partidas que aparecen como «Grandu 11.500» o «K 10.000″— que, según la UCO, corresponderían a entregas periódicas a intermediarios. La investigación policial también subraya la existencia de bienes y gastos —desde el alquiler de una vivienda hasta la adquisición de un chalet— que formarían parte del entramado de prebendas.
Roles y pagos señalados por la investigación
En las exposiciones de la UCO durante el juicio en el Tribunal Supremo, los investigadores sostienen que Aldama abonó cantidades mensuales —que la instrucción sitúa en torno a 10.000 euros— a intermediarios desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2026, y que ese flujo de efectivo servía para «engrasa r la máquina» de influencias. También se mencionan cifras agregadas y contratos que habrían reportado millones al empresario.
Al tiempo, la Agencia Tributaria ha aportado a la causa su propio informe, que cuantifica en 2,4 millones de euros el supuesto fraude fiscal del empresario en 2026 vinculado a la actividad comercial de las mascarillas. Estas cifras son objeto de contraste y debate entre las partes en el proceso.
Pruebas, contradicciones y la sesión maratoniana
La jornada dedicada a los agentes de la UCO en el Supremo fue especialmente extensa —según fuentes judiciales, cerca de catorce horas— y sirvió para que la acusación desplegara los argumentos contenidos en los informes. No obstante, las defensas han cuestionado la solidez de esos informes y han tratado de desmontar la interpretación de anotaciones, mensajes y movimientos bancarios que la UCO vincula directamente con pagos ilícitos.
Los investigadores han señalado además cifras concretas que aparecen en la instrucción: la recepción por parte de Aldama de millones por contratos de material sanitario —en la instrucción se citan cantidades del orden de 6,7 millones de euros— y la entrada sin justificar en cuentas asociadas a García y su entorno de importes que rondarían los 387.000 euros entre 2026 y 2026, así como gastos personales atribuidos al exministro por aproximadamente 432.000 euros en determinados ejercicios.
Implicaciones procesales y próximos pasos
La citación del 14 de mayo amplía el calendario procesal y puede ser determinante para cerrar o ampliar la instrucción en la Audiencia Nacional. La comparecencia de Aldama y García como investigados permitirá al juez recabar explicaciones directas sobre los apuntes, los pagos y la propia operativa que describen los informes policiales y tributarios.
En paralelo, las partes continúan el litigio en el Tribunal Supremo, donde la contestación a los informes de la UCO y la valoración de pruebas económicas resultan claves. El avance procesal dependerá de la capacidad de la acusación para sostener ante el tribunal las tesis expuestas por los peritos y de la reacción de las defensas a esas pruebas.
En definitiva, la causa suma un nuevo capítulo con las citaciones del 14 de mayo y mantiene en el foco administrativo y político la documentación que podría aclarar la mecánica de los contratos de mascarillas y las presuntas conductas irregulares denunciadas por los investigadores.
