Canarias denuncia haber sido excluida de las decisiones sobre el desembarco del MV Ondius y critica la falta de transparencia del Gobierno central
La relación entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario, que hasta hace poco había mostrado una cooperación sostenida en la gestión de la migración de menores, se ha visto sacudida por la llegada prevista de un crucero afectado por hantavirus.
En el centro del conflicto está el buque MV Ondius, con alrededor de 140 pasajeros, entre ellos 14 ciudadanos españoles que serán atendidos en el Hospital Gómez Ulla en Madrid. El Ejecutivo central, apoyado por la OMS y la Comisión Europea, decidió que el puerto más adecuado para el desembarco es en Tenerife, lo que ha provocado críticas y reproches desde la Presidencia de Canarias.
El desencuentro no solo es operativo: también es político. El presidente canario, Fernando Clavijo, expresó desde el primer momento su oposición a que el barco atraque en Granadilla y pidió alternativas como la evacuación directa desde aguas de Cabo Verde hacia Países Bajos. Por su parte, Moncloa defiende la actuación por motivos humanitarios y legales, invocando el Reglamento sanitario internacional y las recomendaciones de organismos internacionales. La disputa ha escalado hasta intercambios de acusaciones públicas sobre transparencia y solidaridad.
Decisión técnica y reacción política
Desde el Gobierno central insisten en que la elección de Canarias responde a una evaluación técnica en la que han participado la OMS, el ECDC y equipos de la Comisión Europea. Las autoridades sanitarias han explicado que, tras evacuar a las personas sintomáticas en Cabo Verde, el resto de la tripulación y pasajeros permanecen asintomáticos y que se activará un mecanismo conjunto para su repatriación. El Ejecutivo subraya la obligación legal y la respuesta ética ante una situación de emergencia, mientras que la Presidencia canaria reprocha no haber sido incluida en las decisiones previas a la confirmación del atraque.
Qué dicen las instituciones
La ministra de Sanidad declaró que ha mantenido contacto con el presidente canario y que ha habido comunicación entre técnicos de ambos territorios, al tiempo que confirmó la coordinación con la OMS y la UE. Desde Canarias, sin embargo, se reivindica la falta de información y se reivindica la necesidad de contar con recursos y seguridad para atender a los pacientes. En el debate público han aparecido términos como asintomáticos para referirse a la mayoría de los pasajeros y protección civil para explicar la competencia estatal en emergencias, dos conceptos que han servido para justificar posturas encontradas.
Operativo sanitario y logística
El plan oficial contempla que el barco haga escala en el puerto secundario de Granadilla de Abona, desde donde se desplegará un operativo sanitario y de repatriación coordinado por el mecanismo europeo de protección civil. Los viajeros extranjeros serán repatriados a sus países mediante ese mecanismo, mientras que los 14 españoles serán trasladados a Madrid para cuarentena y seguimiento clínico. Las autoridades garantizan que los traslados se llevarán a cabo con vehículos y espacios habilitados, evitando el contacto con la población local y protegiendo al personal asistencial.
Riesgos y garantías
Las explicaciones oficiales insisten en que el hantavirus tiene transmisión principal por roedores y que el contagio entre personas es poco frecuente, normalmente vinculado al contacto estrecho con casos sintomáticos. Esta precisión técnica ha servido para calmar parte del temor público, pero no ha evitado la polémica política. El Gobierno promete reuniones de coordinación diarias para seguir la situación y asegura que las medidas adoptadas ofrecen las garantías necesarias para la salud pública y para las actividades económicas en Canarias.
Política y consecuencias
La controversia ha sumado a actores políticos nacionales, con el Partido Popular pidiendo más transparencia y cuestionando la gestión de la ministra de Sanidad. En Canarias, la sensación de haber sido dejados fuera de la toma de decisiones ha deteriorado una sintonía que meses atrás permitió acuerdos para enviar menores migrantes a otras comunidades. La disputa señala un choque entre la centralidad legal de la protección civil estatal y la reivindicación regional de participar activamente en las operaciones que afecten a su territorio.
En el balance inmediato, la prioridad declarada por todas las administraciones sigue siendo la atención de las personas a bordo y la contención sanitaria. La Tensión política, no obstante, queda en primer plano: el cruce de reproches promete sesiones de coordinación más visibles y una demanda clara desde Canarias de ser incluida desde el inicio en las decisiones que afecten a su seguridad y a su imagen pública.
