Una decisión inesperada en la causa del 'caso mascarillas' abre un choque entre PSOE y PP y cuestiona la unificación de las acusaciones populares
La sesión en el Tribunal Supremo que gira en torno al caso mascarillas vivió un vuelco cuando una abogada vinculada al PSOE se personó en la Sala para manifestar su rechazo a la propuesta de rebaja de pena para Víctor de Aldama.
La presencia inesperada de Gloria de Pascual, que representa a ADADE (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), no solamente alteró la dinámica del acto procesal, sino que también encendió un debate político entre las formaciones más relevantes. En el centro de la disputa está la aplicación de la atenuante muy cualificada por colaboración, una figura jurídica cuyo uso podría modificar de forma sustancial las penas solicitadas.
La intervención inesperada
Según las fuentes procesales, De Pascual comunicó de forma directa a los letrados de la acusación unificada su intención de desligarse del escrito que defendían la mayoría de acusaciones populares y el Partido Popular. El gesto vino acompañado por la coincidencia de criterio con la fiscal general, Teresa Peramato, que había ordenado al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no solicitar la citada atenuante. La consecuencia práctica es que una petición orientada a reducir de forma notable la condena de Aldama —por su colaboración en el procedimiento— quedó cuestionada públicamente, con efectos tanto procesales como políticos.
Motivos y alcance
En el escrito presentado por la letrada de ADADE se argumenta que incorporar la atenuante muy cualificada supondría un giro estratégico que reduce de manera apreciable las penas solicitadas, alejándolas de los umbrales originales fijados por algunas acusaciones. ADADE sostiene que no se le consultó ni participó en la modificación del texto provisional bajo la dirección unificada, por lo que entiende que su derecho a intervenir en la acusación ha sido menoscabado. Esta discrepancia formal abre una pugna sobre cómo se ejerce la acción popular y quién decide su contenido en causas complejas.
Fractura entre las acusaciones
El conflicto no es sólo técnico: pone de relieve una tensión entre la representación conjunta que, durante la instrucción, acordó el magistrado instructor al dejar la dirección a la primera formación personada, el PP, y las posiciones particulares de otras asociaciones. La unificación pretendía homogeneizar la acusación, pero ahora queda en evidencia que existen voces disidentes que afirman haber sido silenciadas por ese mecanismo. ADADE denuncia que la dinámica de la dirección unificada ha provocado la invisibilización de discrepancias relevantes, lo que, a su juicio, afecta derechos constitucionales como el artículo 24 sobre tutela judicial efectiva y el artículo 125 sobre la acción popular.
Reproches sobre procedimiento
Los reproches se centran en la falta de comunicación y en la alteración de la estrategia común sin consenso. Para la abogada que se personó en la Sala, aceptar una atenuación tan determinante sin consultar a todas las partes personadas modifica el objeto de la acusación y la proporcionalidad de las penas pedidas. En ese escenario, la discusión técnica sobre la colaboración de Aldama con la Fiscalía se solapa con decisiones organizativas que ahora se traducen en desencuentros públicos entre partidos y asociaciones de letrados.
El contexto político y las reacciones
Paralelamente a la disputa procesal, la causa ha alimentado un foco político añadido por las declaraciones del propio Víctor de Aldama en sede judicial. El empresario llegó a afirmar que transportó mochilas con cantidades elevadas —hasta 250.000 euros, según sus palabras— y a vincular esos pagos con una supuesta financiación irregular del partido del Gobierno, señalando incluso la implicación del presidente. El PSOE ha rechazado esas acusaciones como carentes de prueba y ha anunciado que solicitará amparo al Tribunal Supremo para protegerse de lo que considera injurias sin sustento probatorio.
El choque en la Sala refleja, así, una doble dimensión: técnica, porque la aplicación de la atenuante muy cualificada altera el procesamiento penal de Aldama; y política, porque las declaraciones y las estrategias de las acusaciones pueden trasladar la confrontación partidista al desarrollo del juicio. Mientras tanto, la fiscalía y las defensas observan con atención las consecuencias que la fractura entre acusaciones populares pueda tener sobre la coherencia de la acusación y sobre la percepción pública de una causa que sigue generando expectativas y controversia.
