El juez Santiago Pedraz atribuye a Santos Cerdán la puesta a disposición de estructura y fondos del PSOE para una red que habría intentado condicionar investigaciones judiciales; el auto recoge pagos, reuniones y tentativas de soborno a testigos, fiscales y agentes
El auto del magistrado Santiago Pedraz describe una supuesta red tejida desde la estructura del PSOE con el propósito de influir en procedimientos judiciales sensibles para el partido y el Ejecutivo. Según el instructor, la trama habría recibido aportaciones económicas y soporte organizativo provenientes del propio aparato orgánico socialista, con Santos Cerdán en un rol de dirección y con la participación de la exmilitante Leire Díez como ejecutora de varias labores.
El escrito enlaza estas actuaciones con la imputación de la esposa del presidente y el periodo de reflexión de Pedro Sánchez en abril de 2026, que el juez considera un punto de inflexión.
El auto detalla encuentros y movimientos financieros que apuntan a una operativa continuada: el magistrado registra 22 reuniones celebradas en la sede de Ferraz y otras 17 citas entre Cerdán y Leire Díez fuera del partido.
También menciona transferencias por importes concretos —como 27.225 euros, 20.000 euros y 125.000 euros— y pagos mensuales de 4.000 euros a la persona conocida en el sumario como la ‘fontanera’, inicialmente canalizados a través de la consultora del exconsejero Gaspar Zarrías. Estos movimientos forman parte, según el juez, del esquema que buscaba dar apariencia legal mediante documentación falsa.
La mecánica de los pagos y la apariencia documental
En el análisis del instructor, la contabilidad aparente fue clave para ocultar la verdadera finalidad de las transferencias: Ana María Fuentes, gerente de la Secretaría de Organización, aparece señalada por emitir órdenes de encargo y facturas que el juez considera mendaces. Ese soporte documental —la denominada nota de encargo— habría servido para justificar desembolsos hacia personas externas como Leire Díez o el abogado Jacobo Teijelo. El auto subraya que la factura y la tramitación administrativa concedieron cobertura a pagos que, según la instrucción, tenían carácter remuneratorio por actividades vinculadas a la estrategia política y de defensa del partido.
Intermediarios y vehículos societarios
El procedimiento investigado revela el uso de sociedades y profesionales externos como vehículos para canalizar dinero: el exconsejero Gaspar Zarrías y el letrado Ismael Oliver figuran como intermediarios que facilitaron algunas transferencias. También se cita la colaboración del empresario Javier Pérez Dolset y la periodista fallecida Patricia López, receptora de un pago de 20.000 euros según el auto. El juez considera que estas figuras prestaron servicios o coberturas que permitieron la transferencia de fondos desde cuentas del partido hacia destinatarios vinculados a la operativa.
Intentos de soborno y objetivos tácticos
El auto recoge indicios de ofrecimientos económicos con fines concretos: se habría propuesto entregar 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para influir en su declaración en el caso hidrocarburos, y se localizaron intercambios que apuntan a la búsqueda de fórmulas para «comprar» testimonios. Asimismo, la investigación apunta a un intento de aproximación al fiscal José Grinda con ofertas que, en algún momento, se cuantificaron en cifras que llegaron a aludir a 300.000 euros, todo con la pretensión de obtener acceso a información sobre la cúpula de la Fiscalía Anticorrupción, representada por Alejandro Luzón.
Presiones sobre unidades policiales y magistrados
Más allá de sobornos, el plan descrito por Pedraz habría incluido campañas para deslegitimar investigaciones y defensores públicos: el escrito habla de acciones encaminadas a crear sospechas sobre la UCO de la Guardia Civil ante mandos superiores, lo que provocó la apertura de expedientes de información reservada. También se mencionan denuncias dirigidas contra magistrados instructores y fiscales, y la intención de condicionar la dirección de causas que afectaban a personas vinculadas al partido o a la familia del presidente.
Imputados, registros y delitos investigados
La causa suma una lista amplia de investigados y actuaciones de la UCO: registro en la sede de Ferraz, entrada en domicilios como el de Milagro (Navarra) y tomas de declaración a guardias civiles. Entre los investigados figuran Ana María Fuentes, Juan Manuel Serrano, Juan Francisco Serrano, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías, Ismael Oliver, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y el abogado Jacobo Teijelo. El auto enumera posibles delitos investigados, entre ellos organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.
El proceso sigue abierto y las diligencias se desarrollan con vistas a concretar responsabilidades individuales y probar los vínculos entre los pagos, las órdenes internas y las acciones destinadas a afectar causas judiciales. Mientras la instrucción continúa, la documentación, los registros y las conversaciones analizadas por el juez conforman el mapa de una investigación que sitúa en el centro del debate el uso de recursos y estructuras orgánicas de un partido para intentar condicionar la marcha de la Justicia.
