La jueza Amparo Rubio ha dado instrucciones a la Policía Nacional para que presente un requerimiento en el ayuntamiento de Alicante y solicite de forma urgente documentos vinculados a la promoción de viviendas públicas Les Naus; la providencia incluye plazos, apercibimientos y nuevas citaciones en la causa.
La investigación judicial sobre la adjudicación de las viviendas públicas de la playa de San Juan, conocida como el caso Les Naus, ha tomado un nuevo impulso con una providencia dictada por la magistrada a cargo del procedimiento, Amparo Rubio.
En ella, la juez ha ordenado a la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en los juzgados que se persone en el ayuntamiento para identificar al responsable de los servicios jurídicos municipales y requerirle el envío urgente de documentación relacionada con la promoción.
La decisión judicial surge después de que el consistorio no respondiera a dos requerimientos previos, realizados el 12 y el 21 de mayo, y establece un plazo perentorio para la entrega de los papeles solicitados. La providencia incorpora además un apercibimiento expreso dirigido al funcionario municipal para evitar el incumplimiento.
¿Qué pide la magistrada y a quién?
En la providencia la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante solicita a los agentes que identifiquen al responsable de los servicios jurídicos municipales y le requieran documentalmente materiales vinculados a la promoción Les Naus. Entre los documentos reclamados figuran expedientes administrativos, contratos y comunicaciones internas que puedan aclarar las adjudicaciones.
Plazos y consecuencias legales
El escrito judicial fija un plazo improrrogable de cinco días naturales para que el funcionario entregue la documentación. Además, ordena que se aperciba al citado funcionario de que, en caso de un nuevo incumplimiento, podría incurrir en un delito de desobediencia, conforme al artículo 556 del Código Penal. Esta medida busca garantizar el acceso a pruebas esenciales para el avance de la instrucción.
Actuaciones paralelas en la causa
La providencia no es la única actuación de la magistrada en torno al caso. Rubio ha requerido también a uno de los investigados, el gerente de la cooperativa promotora Fraorgi, el envío de documentación relativa al proyecto y datos de empleados de dos mercantiles vinculadas a la promoción. Estas diligencias responden a la necesidad de trazar la cadena documental y económica que rodea la adjudicación de las viviendas.
Requerimiento a sindicatos y acusaciones populares
En otra resolución, la juez ha solicitado al sindicato CGT que presente una fianza de 3.000 euros para poder personarse en la causa como acusación popular. De aceptarse, la CGT se sumaría a las acusaciones ya ejercidas por el PSPV-PSOE y Ciudadanos (Cs), ampliando así el número de partes personadas con interés directo en el proceso judicial.
Citaciones de testigos y desarrollo de la instrucción
La magistrada ha acordado citar a declarar el 17 de junio a los representantes de seis empresas constructoras a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ese mismo día comparecerán también dos testigos que ya habían declarado con anterioridad: la jefa y el secretario adjunto del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante. Estas comparecencias pretenden completar el panorama sobre la tramitación y supervisión del proyecto.
Objetivo de las declaraciones
Las citaciones buscan esclarecer aspectos técnicos y administrativos, como la tramitación de expedientes, controles previos, y comunicaciones entre la administración y los promotores. Los testimonios de responsables técnicos y representantes de empresas son claves para reconstruir el proceso de adjudicación y detectar posibles irregularidades.
Repercusiones políticas y administrativas
El denominado «escándalo» de Les Naus, expresión empleada por el alcalde Luis Barcala (PP), ha provocado una importante conmoción política local desde que los hechos salieron a la luz a finales de enero. La crisis se ha materializado en dimisiones: la concejal de Urbanismo del Partido Popular, una directora general municipal y un funcionario autonómico encargado de examinar expedientes han cesado en sus cargos.
Paralelamente al proceso penal, se han abierto comisiones de investigación tanto en el ayuntamiento como en las Les Corts Valencianes, con el objetivo de depurar responsabilidades políticas y administrativas. Estas actuaciones administrativas se desarrollan al margen de la instrucción judicial, aunque ambas vías se nutren de la misma documentación y de las evidencias que vaya aportando la causa.
Escenario abierto
Con las nuevas diligencias ordenadas por la magistrada, la investigación avanza hacia la recopilación de pruebas que permitan determinar la existencia o no de irregularidades penales en la adjudicación de las viviendas públicas de la playa de San Juan. La actuación de la Policía para requerir documentación al ayuntamiento y las próximas citaciones de testigos son pasos relevantes en un proceso cuyo desenlace marcará responsabilidades administrativas y, eventualmente, penales.
