La investigación sitúa a Simon Leendert Verhoeven como uno de los presuntos gestores de una red internacional que habría blanqueado parte del rescate público a Plus Ultra. Operaciones en Suiza, Reino Unido, Montenegro y Dubái, además de vínculos con el tráfico de oro venezolano, centran las pesquisas.
La instrucción judicial sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra ha tomado un carril suizo que termina, según las pesquisas, en la figura de Simon Leendert Verhoeven, empresario de origen holandés con residencia entre Ginebra y Mallorca. Los investigadores de España, Francia y Suiza sitúan a Verhoeven como un nodo central en una supuesta trama de blanqueo de capitales que habría recibido y mezclado dinero procedente del rescate concedido por el Gobierno en 2026.
En el centro del caso aparecen transferencias, sociedades pantalla y movimientos temporales de fondos que, según el juez que instruye en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, funcionaban como un auténtico pseudobanco. Las autoridades sostienen que esa estructura permitía ocultar el origen real del dinero y devolverlo ‘limpio’ a los beneficiarios mediante una red de empresas y cuentas en varios países.
Cómo se investiga la red: orígenes y métodos
El rescate aprobado por el Consejo de Ministros asciende a 53 millones de euros, cuyo primer tramo —19 millones de euros— fue transferido a Plus Ultra nueve días después de la decisión administrativa. En los cinco meses siguientes, según fuentes judiciales, salieron de las cuentas de la aerolínea aproximadamente 15,95 millones de euros hacia sociedades vinculadas a la red, como Allpa Wira Trading, Wailea Investment y Valerian Corporation, empresas que los investigadores relacionan con Verhoeven.
Los fiscales explican que la operativa consistía en recibir fondos de origen público o ilícito, agruparlos y canalizarlos a través de sociedades instrumentales y cuentas en jurisdicciones como Suiza, Reino Unido, Gibraltar, Montenegro o Isla Mauricio. Después, se simulaban préstamos o compras para justificar los movimientos y, en último término, se registraban devoluciones que hacían disminuir la trazabilidad del dinero.
Registros y pruebas iniciales en Francia y Suiza
La investigación se amplió tras un registro en Francia en 2026 sobre el domicilio de Luis Felipe Baca, empresario peruano, en pesquisas por presunto uso de información privilegiada. En ese registro las autoridades francesas incautaron un teléfono móvil cuyo análisis permitió identificar comunicaciones y tramas que conectaban con una red internacional de blanqueo. Las indagaciones en Suiza y España continuaron a partir de esas pistas.
Personas implicadas y movimientos relevantes
El Ministerio Público señala a Rodolfo Reyes, accionista de facto de Plus Ultra, como uno de los principales investigados y posible cliente de la red. Según la Fiscalía Anticorrupción, Reyes habría ordenado transferencias desde la ayuda gestionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hacia sociedades que, presuntamente, estaban bajo el control de Verhoeven.
El propio Verhoeven habría reconocido ante la Fiscalía de Ginebra la titularidad de varias de esas sociedades y admitió que ciertos préstamos se devolvieron íntegramente por parte de Plus Ultra. En el sumario figura, por ejemplo, una transferencia de unos 921.000 dólares a Valerian Corporation semanas después de recibir el rescate, y otra salida de fondos de unos 520.000 dólares registrada en una cuenta del Adriatic Bank de Montenegro bajo el concepto de «devolución préstamo».
Pruebas materiales: objetos y documentos
Como resultado de una comisión rogatoria cursada por Suiza, la UDEF registró en octubre de 2026 el domicilio de Verhoeven en Santa María del Camí, Mallorca. En la entrada los agentes incautaron abundante material informático, relojes de lujo de marcas como Omega, Rolex y Patek Philippe y dos lingotes de oro macizo, elementos que las fuerzas de seguridad consideran relevantes para trazar la red de patrimonio y operaciones.
Vínculos con el tráfico de oro venezolano
Otra línea de la pesquisa relaciona a Verhoeven con operaciones de compraventa de oro supuestamente vinculadas a fondos públicos venezolanos. Una factura con fecha del 26 de febrero de 2026 emitida por Allpa Wira Trading documenta la venta de oro a una sociedad de Dubái por un importe equivalente a unos 30 millones de euros. Para los investigadores franceses y suizos esa factura podría ser falsa y haber servido para justificar movimientos de capital de origen dudoso.
Las anotaciones intervenidas en registros y la documentación recabada conectan esas operaciones con presuntos desvíos de fondos públicos venezolanos relacionados con programas como CLAP, con pagos y porcentajes de reparto, y con instituciones como Bandes o entidades ligadas al Banco de Venezuela. Esa red de referencias alimenta la hipótesis de que los recursos estatales venezolanos habrían sido blanqueados junto con otras fuentes de financiación.
Perspectivas del caso
La instrucción continúa con diligencias en varios países y con el cruce de información financiera entre agencias. Las pesquisas pretenden aclarar la extensión del entramado, la identidad de quienes se beneficiaron y el papel exacto de cada uno de los implicados, desde gestores hasta los supuestos clientes que recibieron fondos tras el rescate. El caso mantiene abiertas líneas en Francia, Suiza y España, donde se esperan nuevas actuaciones judiciales y análisis forenses sobre transferencias y activos.
