El abogado Miguel Palomero, asociado recientemente a un gran despacho en Madrid, figura como investigado en la causa por el rescate de Plus Ultra. El sumario recoge comunicaciones, entregas de efectivo y contactos con agentes políticos vinculados a las ayudas estatales.
La investigación que analiza el rescate de la aerolínea Plus Ultra colocó en el centro del procedimiento al abogado Miguel Palomero, detenido en diciembre de 2026 junto con varios directivos de la compañía. Desde su incorporación como socio a un despacho madrileño —tres meses antes— su nombre aparece en múltiples anotaciones del sumario que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional.
Los documentos del proceso recogen conversaciones y movimientos que enlazan a Palomero con el empresario peruano Luis Felipe Baca y, por extensión, con el supuesto entramado que habría desviado parte del rescate. En paralelo, la causa explora la tramitación de los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea durante la pandemia.
Vínculos personales y comunicaciones incluidas en el sumario
El expediente incluye diálogos entre Palomero y varios directivos de Plus Ultra que, según los investigadores, muestran la búsqueda de interlocutores políticos capaces de facilitar el acceso a las ayudas estatales. En un mensaje de marzo de 2026, el accionista Rodolfo Reyes consulta qué puertas había que tocar para lograr el rescate; Palomero responde explícitamente: «Tocamos a Ábalos«.
Las gestiones descritas no se limitan a conversaciones puntuales: en abril Palomero informó de un primer approach a la «mano derecha del ministro» —identificado en el sumario como Koldo García— y en junio confirmó que había establecido contacto con ese exasesor. Entre finales de junio y julio, la cúpula de la aerolínea se reunió con García para acelerar los contactos con el Ministerio, lo que desembocó en un encuentro con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.
Canales alternativos y la figura de Zapatero
La instrucción recoge además que se activó un segundo cauce de interlocución: la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según el juez, ese canal resultó determinante en las gestiones para obtener la ayuda pública. El papel de Zapatero, no obstante, se considera independiente de las acciones que se atribuyen a Palomero en el sumario.
Relación con Luis Felipe Baca y movimientos de efectivo
Los agentes que investigan el caso sitúan a Palomero como abogado de referencia de Baca en buena parte de las comunicaciones que acompañan a la causa. En una conversación fechada el 31 de diciembre de 2026, Baca anuncia la entrega de «un paquete de 50», que los investigadores interpretan como 50.000 euros en efectivo. En esa misma charla, Palomero señala la necesidad de «cuidar a los jueces, policías y funcionarios».
El sumario incluye instrucciones más concretas sobre pagos: la orden de entregar 2.000 euros a una mujer denominada «Jessica» y 3.000 euros a otra persona referida como «Alejandra», con teléfono de prefijo venezolano. Los investigadores vinculan a «Jessica» con Jessica Rodríguez García, identificada entonces como pareja de José Luis Ábalos. La causa sitúa el desembolso efectivo entre el 18 y el 20 de enero de 2026, tras los retrasos causados por el temporal Filomena.
Elementos intervenidos y registros
El día de los arrestos —el 11 de diciembre de 2026— la Policía Nacional registró el domicilio del letrado. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incautaron tres teléfonos móviles, un ordenador portátil, un disco duro, documentación bancaria y varias cuentas de correo electrónico asociadas a Palomero. El atestado documenta también la intervención de 4.2400 dólares en efectivo, cifra que figura en el expediente al que ha tenido acceso la prensa.
La acusación y el recorrido del procedimiento
El instructor considera que, además de intentar abrir puertas en el Ministerio de Transportes, existieron maniobras paralelas para encaminar las ayudas. La investigación sitúa a Palomero en el entorno que gestionó contactos y pagos, mientras que otros integrantes del supuesto entramado —como el financiero holandés Simon Leendert Verhoeven— aparecen relacionados con operaciones de blanqueo por las que se atribuye la desviación de 16 millones de euros.
Desde su cese fulminante en el despacho que lo incorporó meses antes, Palomero figura como investigado en la causa que sigue abierta en la Audiencia Nacional. El sumario continúa incorporando comunicaciones y pruebas documentales que el juez Calama deberá valorar a lo largo de la instrucción.
Perspectivas y dudas que plantea el caso
El expediente plantea preguntas sobre cómo se activaron los distintos canales de interlocución política y sobre la literalidad de los pagos en efectivo que recoge la investigación. En el centro de la causa persisten los mismos elementos clave: las ayudas estatales, la búsqueda de contactos con figuras políticas y la presunta red que habría canalizado fondos de la ayuda pública a través de varias personas y mecanismos.
