El juicio por la quiebra de la sección de crédito de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea ha arrancado en Tarragona con acuerdos económicos que incluyen pagos de aseguradoras y auditores; quedan cuatro acusados y la batalla por recuperar ahorros de más de 400 víctimas continúa.
El proceso sobre la quiebra de la sección de crédito de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea, que afectó a cientos de pequeños depositantes en 2011, arrancó este martes en Tarragona con una novedad: varios responsables han firmado acuerdos económicos para responder civilmente y así lograr su absolución penal.
Ese movimiento ha modificado la fisonomía del caso y ha reducido el número de acusados que finalmente se enfrentarán a juicio.
La quiebra dejó 408 acreedores con depósitos por valor de 4,6 millones de euros, en su mayoría familias y personas mayores.
Tras años de trámites y recursos, la vista oral se organiza ahora con menos perillas por resolver y la expectativa de que los pagos acordados faciliten la recuperación parcial de los ahorros perdidos.
Acuerdos que cambian la dinámica del procedimiento
En la primera sesión se dio a conocer un pacto por el cual la aseguradora Mapfre y la auditora BDO —junto a Juan Carlos Torres— aceptaron una responsabilidad económica a cambio de ser absueltos en la vía penal. El acuerdo establece el pago de 880.000 euros, una cifra destinada a aliviar las pérdidas de los afectados y acelerar la devolución de parte de los fondos bloqueados desde 2011.
Esta resolución también ha implicado la retirada de la plataforma de afectados como acusación particular en relación con esos responsables, lo que reconfigura quiénes ejercerán la acción penal. A partir de ahora, la Cooperativa Agrícola de l’Aldea y la Fiscalía continuarán como partes acusadoras en la vista.
Los acusados que llegan al banquillo
Pese a los acuerdos, no todos evitaban sentarse ante el tribunal. Finalmente serán cuatro las personas que respondan ante la justicia, encabezadas por el entonces gerente de la cooperativa, Daniel Ferré. La Fiscalía solicita para él catorce años y medio de prisión por varios delitos: falsedad contable, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible y administración desleal, además de reclamar una responsabilidad civil de 1,64 millones de euros.
El escrito del Ministerio Fiscal sostiene que, durante años, la dirección financiera habría utilizado maniobras contables para ocultar los problemas económicos de la entidad: emisión de facturas ficticias y la sobrevaloración de activos inmovilizados, entre otras prácticas que habrían disfrazado la verdadera situación patrimonial de la cooperativa.
Calendario y previsiones
La vista oral principal está programada para comenzar con la primera sesión el día 9 de junio, en una convocatoria que se prevé se extienda por varias jornadas dada la complejidad del caso y el número de testigos inicialmente citados. Los plazos y el desarrollo de las pruebas determinarán el alcance final de responsabilidades civiles y penales.
El impacto social y la espera de las víctimas
La caída de la sección de crédito de la cooperativa supuso un fuerte golpe para las Terres de l’Ebre: más de 400 personas vieron bloqueados sus ahorros acumulados durante décadas. La mayoría eran clientes de edad avanzada y la demora en la resolución judicial ha provocado que aproximadamente un 14% de los afectados falleciera sin poder recuperar su dinero, dejando la reclamación en manos de familiares y herederos.
La plataforma de afectados, organizada desde 2011, ha sido la voz colectiva que ha exigido justicia y la restitución de fondos. La cooperativa, por su parte, logró evitar su liquidación y desplegó un plan de viabilidad que permitiera devolver cantidades de forma gradual, al tiempo que reclamaba responsabilidades a quienes dirigían la sección de crédito.
Repercusiones y acuerdos previos
Además del pacto con Mapfre y BDO, hace aproximadamente un mes la plataforma y la cooperativa cerraron otro acuerdo por valor de 3 millones de euros que exoneró a Caixabank —actual propietaria de la entidad acusada— y a antiguos responsables de la oficina de Bankia en Amposta. Ese desembolso se sumó a las medidas para minimizar el impacto económico sobre los depositantes.
El alcalde de l’Aldea, Xavier Royo, expresó en la apertura del juicio la mezcla de alivio y frustración que sienten las familias: algunos afectados ya han recuperado el 50% de sus ahorros; otros han visto mayores reembolsos y hay esperanza de que se completen restituciones adicionales en los próximos meses. No obstante, la sentencia y las responsabilidades penales serán claves para cerrar definitivamente este capítulo.
El proceso, con partes que admiten responsabilidad civil y otras que mantienen su defensa, seguirá su curso judicial. La atención ahora se centra en las pruebas, los testimonios y la capacidad de la Fiscalía y la cooperativa para demostrar las irregularidades contables que denuncia.
