Feijóo intensifica la presión sobre socios políticos para apoyar una moción de censura; Junts condiciona su respaldo a una reunión con Puigdemont en Waterloo y reclama concesiones, lo que vuelve a dejar al PP sin los votos necesarios y reabre el debate sobre la estrategia para forzar un cambio de Gobierno.
La estrategia del Partido Popular para promover una moción de censura ha entrado en una fase crítica tras el requerimiento público del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, dirigido a socios potenciales. En lugar de acercar posiciones, la iniciativa ha provocado una reacción que complica la posibilidad real de sumar los apoyos necesarios en el Congreso.
El movimiento más destacado provino de Junts, que condicionó cualquier respaldo a una reunión previa con Carles Puigdemont en Waterloo, una exigencia que altera el tablero político y desactiva atajos tácticos que el PP esperaba utilizar.
El choque evidencia diferencias estratégicas entre fuerzas nacionalistas y el PP, y pone de manifiesto que la maniobra diseñada en Génova no contaba con escenarios en los que los posibles aliados elevaran sus condiciones al nivel de interlocución con líderes independentistas en el extranjero.
Además, la iniciativa difícilmente concilia con las líneas rojas de Vox, cuyo apoyo resultaría imprescindible y, al mismo tiempo, incompatible con cualquier negociación que incluya concesiones al independentismo.
El órdago de Junts y sus consecuencias
La exigencia de Junts de que Feijóo se desplace a Waterloo para explicar su plan es, en la práctica, un llamado a que el PP legitime una interlocución que históricamente ha rechazado. Jordi Turull, secretario general de Junts, articuló esa petición y añadió que Feijóo tendría que aceptar condiciones similares a las que el PSOE ofreció en la investidura de 2026 para obtener los siete votos del grupo. Esta postura actúa como un filtro que limita la posibilidad de un diálogo fluido y convierte la negociación en una operación de alto coste político.
Por un lado, aceptar una reunión en Waterloo implicaría una ruptura con la narrativa del PP sobre el proceso catalán y la figura de Puigdemont; por otro, abriría la puerta a que Vox se retire del proyecto por considerar inadmisible cualquier concesión al independentismo. En este contexto, la maniobra de Junts no solo sirve para proteger su posición electoral sino también para marcar los límites de lo negociable.
Reacciones internas y el efecto en la táctica del PP
Dentro del PP hay voces que describen la situación como un bucle: la repetición de episodios que ya debilitaron al partido en momentos anteriores cuando la moción de censura se introdujo en la agenda pública. La dirección nacional había tratado de evitar que la controversia desviase la atención de las investigaciones judiciales y de la percepción de debilidad del Gobierno, pero el llamado a los socios ha desencadenado precisamente ese efecto. En Génova prevalece la intención de forzar a otros a explicar su posición pública sin poner por escrito concesiones que podrían ser políticamente costosas.
Presión sobre las bases y la alianza con Vox
La petición de abrir negociaciones también tensiona la relación interna del PP con figuras descontentas, además de agudizar la delicada alianza con Vox. Voces como la del exministro José Manuel Margallo han llegado a amenazar con abandonar el partido si se aceptan reuniones susceptibles de dar oxígeno al independentismo. Por su parte, Vox insiste en que cualquier moción debe ser una acción de convicción sin cesiones, de manera que la táctica del PP de mantener opciones abiertas choca con la intransigencia del socio de la derecha más radical.
Por qué PNV y Junts evitan alinearse con el PP
Existen razones estructurales y electorales que explican por qué el PNV y Junts rehúyen un apoyo estable al PP. En primer lugar, la cercanía de Vox, y su agenda, genera rechazo entre electorados regionales y nacionalistas, que temen que facilitar la formación de un Gobierno dependiente de Vox acarree castigos en comicios locales y autonómicos. En segundo lugar, ambas formaciones valoran el espacio de negociación que mantienen con el PSOE y consideran que ese margen desaparecería bajo un Ejecutivo liderado por Feijóo con la influencia de Vox.
Ese cálculo pesa más que la animadversión hacia el Ejecutivo central: preferir mantener acuerdos puntuales con el Gobierno socialista —en asuntos económicos o de transferencias— antes que permitir una alternancia que comprometa proyectos autonómicos o municipales. En definitiva, la ecuación electoral y territorial ofrece pocos incentivos para que Junts o el PNV impulsen una moción que dependa de la confluencia con la derecha radical.
El argumento público del PP y la respuesta del PSOE
Feijóo ha intentado convertir la debate en un llamamiento a la transición política y a la necesidad de un «desbloqueo» del país ante lo que denomina la parálisis del Gobierno. Sin embargo, la respuesta del PSOE fue inmediata y contundente: recordó que Feijóo ha mantenido posiciones de crítica contra múltiples fuerzas políticas y le reprochó la falta de coherencia al pedir ahora sus votos. Al mismo tiempo, el PSOE enfrenta sus propios problemas, como la atención sobre contrataciones y la petición de ampliar investigaciones judiciales, elementos que complican aún más el tablero.
Mientras tanto, en el PP se insiste en que la capacidad de cambio está en manos de los socios y que las implicaciones políticas de sus decisiones se verán en las urnas. Pero ese mensaje choca con las exigencias de interlocución elevada de Junts y con la intransigencia de Vox, por lo que, de momento, la moción de censura queda lejos de contar con los apoyos suficientes.
