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Comunidades y municipios tendrán que organizar en menos de 90 días un sistema antifraude para gastar los fondos europeos.
Lo recoge una orden publicada por el Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial del Estado: “Toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación y Transformación deberá disponer de un Plan de medidas Antifraude”.
Cualquier administración tendrá establecer mapas de riesgo, declaraciones de ausencia de conflicto de interés, códigos éticos, buzones de denuncias, sistemas de alertas, cursos de formación de sus gestores o políticas de obsequios y confidencialidad.
Hasta se señala la posibilidad de cruces con bases de datos públicas como los registros mercantiles que puedan detectar intereses no declarados. También se habla del cribado de datos para encontrar alertas, como por ejemplo cambios a posteriori en las especificaciones de los contratos, prórrogas irregulares, prestaciones que se dan utilizando muchos contratos menores o la ausencia de una doble firma de los responsables.
Es una auténtica revolución para que la Administración pública española implante los sistemas de control o cumplimiento normativo que ya existen en las grandes empresas. Sobre todo desde que en 2010 se incluyó en el Código Penal la posibilidad de que las compañías pudieran tener una responsabilidad penal. “Es el aterrizaje forzoso de los sistemas de compliance en el sector público”, explica un jurista de la Administración.
Sociedades estatales como Tragsa, Correos o Adif tendrán más fácil cumplir con estos nuevos requisitos en la medida en que ya cuentan con departamentos y asesores de cumplimiento normativo o compliance. Estos equipos pueden ayudarles a montar un sistema así con los controles necesarios. Pero los ayuntamientos, las diputaciones y comunidades lo tendrán más difícil. Máxime cuando apenas cuentan con tres meses desde la entrada en vigor de la orden, el 30 de septiembre.
Otro inconveniente es la limitada oferta de consultores en esta materia. Es cierto que ya adelantaron a los gobiernos autonómicos el borrador de la orden en agosto con el fin de que pudieran hacer alegaciones. Disponen de cámaras de cuentas que podrían colaborar. Pero aun así, según fuentes de distintas administraciones, la exigencia será muy importante. Y se une al ingente reto de gastar a tiempo y con eficiencia una cantidad muy elevada de recursos.
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