La inmigración suele señalarse como origen del malestar, pero es el resultado de un modelo económico que prioriza volumen sobre valor y deja a muchos sin protección
Es frecuente simplificar el debate y presentar a la inmigración como la raíz de los males sociales, cuando en realidad actúa como síntoma de fallos más profundos. Nuestro sistema económico ha apostado por sectores de baja productividad y por una lógica de crecimiento por volumen que necesita mano de obra barata para funcionar.
Esa estrategia produce empleos precarios que no mejoran la calidad de vida; en consecuencia, la llegada de personas en busca de oportunidades se convierte en el efecto visible de un modelo que ya estaba deteriorado.
Empresarios que no hallan personal suficiente reclaman trabajadores extranjeros pese a existir un elevado número de desempleados locales.
La explicación no es misterio: muchos puestos se remuneran tan poco que quienes tienen formación prefieren emigrar y quienes carecen de ella optan por subsidios o la economía sumergida. A esos recién llegados, que podrían calificarse, siguiendo a Marx, como un «ejército industrial de reserva», se les ofrece salarios que parecen altos desde su país de origen pero que, una vez en el mercado local, resultan insuficientes incluso para cubrir un alquiler. Es decir, la presencia de inmigrantes responde a una demanda estructural de mano de obra barata más que a una causa autónoma del malestar social.
Por qué el modelo favorece la precariedad
El Estado y ciertos sectores productivos han incentivado un crecimiento centrado en el volumen: más turistas, más temporada, más facturación total. Para lograrlo se aplican medidas como reducción fiscal en la hostelería, subvenciones al transporte y fórmulas laborales como los contratos de fijos discontinuos. Estas políticas persiguen aumentar el PIB total y el empleo bruto, pero no necesariamente elevan el bienestar de las familias. Desde la óptica de la ciudadanía, las variables relevantes son otras: PIB per cápita, valor añadido por ocupado y la renta familiar disponible en términos reales. La priorización del volumen sobre el valor crea un entorno en el que proliferan empleos insuficientemente remunerados y donde la competencia se basa en bajar costes y no en innovar.
El mercado que no elimina lo ineficiente
En teoría, el mercado debería purgar a las empresas menos eficientes y preservar a las que generan valor añadido. En la práctica, las políticas mencionadas actúan como un colchón que mantiene en pie actividades de baja calidad productiva. Cuando la competencia se libra por precio y por estacionalidad, la capacidad de las compañías para pagar salarios dignos se reduce; sin una oferta de bienes o servicios con mayor valor añadido, no hay margen para mejorar retribuciones. Por eso muchas empresas no aumentan las nóminas no por mala fe, sino por la simple imposibilidad de transferir mayor coste salarial al precio final sin perder cuota de mercado.
Impactos sobre el bienestar y los servicios públicos
El crecimiento del empleo precario tiene consecuencias tangibles: la presión sobre los servicios sociales aumenta porque los nuevos hogares suelen ser más vulnerables y requieren apoyo público adicional. Con unos recursos fiscales limitados, las administraciones sufren tensiones para atender demandas básicas y se percibe que los servicios de bienestar compiten por acceso entre locales y recién llegados. Además, la pérdida de cohesión social, la sobreexplotación del patrimonio natural y la erosión de la lengua y la cultura son efectos colaterales que terminan alimentando la percepción de que «algo falla». En realidad, lo que falla es la capacidad de financiar y diseñar políticas que garanticen un reparto equitativo del crecimiento.
Contradicciones y resistencia a cambios sencillos
La propuesta de implantar un salario mínimo adecuado despierta resistencias y argumentos tortuosos: se dice que aumentaría los costes de las pensiones o que destruiría empleo. Sin embargo, mantener a la fuerza laboral con sueldos de miseria tampoco financia el Estado del bienestar ni sostiene las prestaciones sociales a largo plazo. Empleos mal remunerados generan menos cotizaciones y mayor dependencia de transferencias públicas. Por ello, la reforma debe acompañarse de políticas de aumento de la productividad, inversión en formación y estímulos a sectores que generen valor añadido por ocupado, para que salarios más altos no sean una quimera sino una realidad sostenible.
Responsabilidad pública y empresarial
Es evidente que las administraciones públicas no están cumpliendo plenamente su papel: gestionar la llegada de personas, asegurar recursos suficientes y orientar la economía hacia actividades con más valor. Del mismo modo, las empresas tienen margen para invertir en mejora de procesos y capacitación en lugar de competir únicamente por costes laborales. Adoptar una estrategia que priorice el PIB per cápita y la renta familiar disponible exige reformas fiscales, mayor capacidad redistributiva y medidas que reduzcan el atractivo de la economía informal. Solo así se podrá transformar la presencia de inmigrantes —que hoy refleja necesidades del mercado— en una integración que aporte bienestar general en lugar de alimentar tensiones sociales.
