Dos veteranos del Servicio Marítimo fallecieron en un choque en alta mar y las asociaciones reavivan demandas sobre seguridad, equipos y la consideración de profesión de riesgo
El 8 de mayo de 2026 se produjo un enfrentamiento en alta mar que terminó con la muerte de dos miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Según las comunicaciones oficiales, las patrulleras, desplegadas para interceptar una narcolancha —una embarcación rápida empleada por organizaciones delictivas para el trasporte de droga—, colisionaron a unas 80 millas náuticas de la costa onubense.
El impacto causó la muerte de dos agentes y heridas a otros dos, y puso en evidencia las tensiones que atraviesa la lucha contra el narcotráfico en el litoral andaluz.
El suceso y las víctimas
La Dirección General de la Guardia Civil explicó que dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de Huelva participaban en la persecución cuando, por causas que se están investigando, colisionaron entre sí.
En las labores de rescate intervinieron la Armada, Salvamento Marítimo y Vigilancia Aduanera, y el Ministerio del Interior activó protocolos de apoyo a familiares y compañeros. Los fallecidos son el capitán Jerónimo J. M., de 56 años y natural de Villanueva del Rosario (Málaga), y el agente Germán P. G., de 55 años y natural de Teruel, ambos con décadas de servicio en la especialidad marítima.
Trayectorias profesionales
Jerónimo ingresó en la Guardia Civil en 1994 y pasó por destinos como Gipuzkoa, Córdoba y Málaga antes de integrarse en Huelva en 2026; acumulaba condecoraciones como la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Germán comenzó su carrera en 1989 y lleva prácticamente toda su vida profesional vinculado al Servicio Marítimo, con presencia en Tarragona, Algeciras, Almería y Huelva desde 1994, sumando casi 34 años de experiencia en operaciones marítimas y reconocimientos por su trayectoria.
Reacciones y reivindicaciones de los colectivos
Las asociaciones profesionales han vinculado el siniestro con advertencias reiteradas sobre el aumento del riesgo en estas intervenciones. La APROGC expresó su pesar y criticó las condiciones laborales, reclamando que se reconozca la condición de profesión de riesgo para quienes actúan en la primera línea contra el narcotráfico. Por su parte, la AUGC afirmó que el accidente es la consecuencia de una situación de riesgo conocida y no abordada suficientemente por la Administración.
Medidas exigidas
Entre las demandas figura la realización de evaluaciones de riesgo laboral específicas para operaciones marítimas, la dotación de más efectivos por embarcación, restricciones al uso de semirrígidas sin protección y la incorporación de medios disuasorios no letales. Las asociaciones sostienen que, en algunos casos, la administración ha trasladado la responsabilidad de valorar el peligro al propio agente en el mar, en lugar de establecer protocolos y equipamientos preventivos adecuados.
Contexto operativo y respuesta institucional
El suceso vuelve a centrar la atención en la evolución del narcotráfico en el sur de España, donde, según diversas fuentes, la presión policial en el Campo de Gibraltar ha desplazado parte de la actividad hacia la costa onubense. Las organizaciones criminales emplean embarcaciones cada vez más rápidas y sofisticadas, lo que incrementa el peligro en las persecuciones. El Ministerio del Interior, que horas antes había hablado de un «riesgo evidente y concreto» asociado al crimen organizado transnacional, recalca que se han reforzado recursos y planes especiales, y asegura mantener el diálogo con las asociaciones.
Recursos y compromisos
Fuentes ministeriales han recordado el despliegue del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar y su extensión a otras zonas andaluzas, así como inversiones adicionales en personal y equipamiento. En concreto, se prevé una financiación destinada a reforzar plantillas y medios que, según esas mismas fuentes, asciende a 38 millones de euros para 2026. No obstante, las organizaciones critican que iniciativas aprobadas en el Congreso, como una proposición no de ley para dotar de armas no letales al Servicio Marítimo, no han tenido un desarrollo operativo efectivo en el terreno.
Impacto local y político
La Junta de Andalucía decretó un día de luto oficial y se organizó una capilla ardiente en la Comandancia de Huelva, con funerales previstos para honrar a los caídos. El suceso también incidió en el debate público y político, con mensajes de condolencia de autoridades y llamadas a que se mejoren las condiciones de trabajo y los recursos destinados a combatir la entrada de droga por vía marítima. Las investigaciones abiertas buscarán esclarecer las causas concretas de la colisión, mientras persiste la exigencia de medidas preventivas más claras y aplicadas.
