El proyecto de ley pretende reforzar el laicismo y otros principios fundamentales de Francia. A la vez que lucha contra el islamismo radical.
El Gobierno de Francia ha aprobado hoy miércoles en el Consejo de Ministros, un proyecto de ley contra el islamismo radical. Protege a los empleados públicos frente a las presiones de los radicales, garantiza el respeto a la laicidad y a los principios fundamentales del país.
Además permite que se eduque a los menores en sus casas.
Francia y la ley contra el islamismo radical
El proyecto de ley no señala a ninguna religión en particular, y no resuelve las dudas sobre la financiación de los imanes.
Esta decisión se ha tomado, tras los atentados yihadistas, y las críticas internacionales que Macron lleva recibiendo en estos últimos meses, debido a la defensa del modelo francés.
“Este proyecto de ley no es un texto contra las religiones, ni contra la religión musulmana en particular. Es un texto de libertad, de emancipación ante el fanatismo religioso”.
Fueron las declaraciones del primer ministro de Francia, Jean Catex. Después de salir de la reunión del Consejo de Ministros.
Francia ha estado recibiendo campañas de boicot, por parte de los diferentes países musulmanes. En concreto de parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Países como EEUU y Reino Unido recogían en su periódicos artículos, que han llegado hasta París.
Para que no queden dudas, la ley ha quitado cualquier posible referencia al separatismo o al islam. Para que así ningún gobierno de otro país, ponga en duda que Francia no va contra los casi seis millones de musulmanes. El objetivo también ha sido el de dar un giro liberal, a la presidencia de Macron.
Esta ley es un gran paso, previo a las elecciones que se celebrarán en 2022. Y consta de dos partes diferenciadas. Por un lado busca garantizar el libre ejercicio del culto, estrechando la vigilancia de la financiación y la ideología de asociaciones religiosas.
Por otro lado, pretende que se respeten los derechos republicanos por los que Francia se rige. Obliga a los empleados del sector público, a no manifestar en ningún caso su orientación religiosa, frente a sus trabajadores o usuarios.
LEA TAMBIÉN:
