Un análisis de Amnistía Internacional muestra cómo se dispararon las ejecuciones en 2026 y qué implicaciones tiene para la política y la justicia penal
El último informe de Amnistía Internacional documenta un ascenso notable en las ejecuciones a nivel mundial, alcanzando un máximo que no se veía en 44 años. Según ese recuento, en 2026 fueron ejecutadas 2.707 personas en 17 países por delitos que van desde infracciones relativas a sustancias controladas hasta actos considerados disidencia política.
Ese total supone un incremento del 78% respecto del año anterior, cuando la organización registró 1.518 ejecuciones. Estas cifras reflejan un cambio abrupto en la aplicación de la pena de muerte que merece ser analizado en sus causas nacionales y globales.
El informe señala que la abrumadora mayoría de las ejecuciones reportadas en 2026 corresponden a Irán, que aplicó la pena capital a 2.159 personas, más del doble que en 2026. Además, otros países recurrieron al castigo máximo en el contexto de leyes severas sobre drogas y control social: por ejemplo, Arabia Saudita ejecutó al menos 356 personas. Amnistía también destaca que su conteo no incorpora las ejecuciones que se sospecha realiza China en cifras que podrían alcanzar miles, dado que el país mantiene secreto el alcance de sus procedimientos capitales. En conjunto, esos patrones ponen de relieve el uso de la pena de muerte como herramienta estatal en distintos contextos.
El salto en Estados Unidos
En el plano estadounidense, el número de ejecuciones casi se duplicó: se consumaron 47 penas capitales en 11 estados durante el año referido, frente a 25 en 2026. Estados Unidos fue, según Amnistía, el único país en el continente americano que llevó a cabo ejecuciones por delitos penales durante ese periodo. Al frente de ese incremento estuvo Florida, estado que ejecutó a 19 personas y que, por sí solo, explica una parte sustancial del alza nacional. La situación en ese estado se enmarca además en cambios legislativos y administrativos que han facilitado la imposición de condenas a muerte.
Factores legales y decisiones políticas
La administración de Florida introdujo modificaciones en 2026 que redujeron el umbral legal para aplicar la pena de muerte, eliminando la necesidad de una recomendación unánime del jurado para que el castigo se impusiera. El cambio, promovido por el entonces gobernador Ron DeSantis, fue presentado como una medida para reforzar la respuesta penal ante crímenes graves y como un elemento disuasorio. Observadores y organizaciones de derechos humanos han señalado que esa reforma contribuyó directamente al incremento inusual de ejecuciones en el estado, que pasó de promedios bajos —uno o dos casos anuales, con algún pico ocasional— a ejecutar a 19 personas en un solo año.
Tendencias de opinión pública y críticas
Amnistía Internacional define la pena capital como el «último castigo cruel, inhumano y degradante» y aboga por su abolición universal. En Estados Unidos, sin embargo, persisten debates profundos sobre su legitimidad y eficacia. El apoyo popular a la pena de muerte, que alcanzó su punto máximo en 1994 con un 80% según datos históricos, ha ido declinando: encuestas de Gallup indican que el respaldo se situó en 52% —el nivel más bajo desde 1972— en datos publicados en octubre. Entre las razones que explican ese descenso están las preocupaciones sobre sesgos raciales, el impacto en personas de bajos ingresos y las dudas vinculadas a problemas de salud mental o discapacidad intelectual.
Reacciones de expertos y consecuencias
Organizaciones que estudian las ejecuciones a nivel estatal, como el Death Penalty Information Center, documentan que muchos jurados rechazan las sentencias de muerte por motivos de equidad y riesgos de condenas erróneas. Su directora ejecutiva, Robin Maher, ha señalado que hay un reconocimiento creciente de que la pena capital no cumple con las promesas que alguna vez se le atribuyeron, como la disuasión efectiva de delitos. En este contexto, el repunte global registrado en 2026 abre interrogantes sobre el rumbo de las políticas penales y la presión internacional para avanzar hacia la abolición o, al menos, hacia reformas que garanticen procesos más transparentes y respetuosos de los derechos humanos.
