La Comisión Europea ha multado a Temu por insuficiencias en sus controles: pruebas secretas encontraron cargadores que fallan en seguridad, juguetes con sustancias prohibidas y bisutería nociva; la empresa debe presentar un plan antes del 28 de agosto.

La Comisión Europea ha impuesto una sanción de 200 millones de euros a Temu después de concluir que la plataforma no cumplió con sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA). La investigación identificó fallos sistemáticos en la capacidad de la empresa para detectar y mitigar la oferta de productos ilegales o potencialmente peligrosos en el mercado comunitario, incluyendo dispositivos eléctricos defectuosos, juguetes con riesgos químicos y piezas de bisutería que podrían dañar la salud.
Los hallazgos de la pesquisa combinan métodos de inspección tradicionales con simulaciones de compra: un equipo contratado por la Comisión llevó a cabo compras encubiertas que terminaron con resultados preocupantes. Según la investigación, existe una probabilidad elevada de que los consumidores de la Unión Europea se topen con artículos que no cumplen los estándares de seguridad.
Además, las autoridades consideran que el diseño de la plataforma —en especial sus sistemas de recomendación y las promociones vinculadas a influencers— puede acelerar la difusión de estos productos.
Resultados de las pruebas y tipos de riesgos detectados
Las pruebas prácticas mostraron problemas variados y de gravedad diversa. Un porcentaje significativo de cargadores no superó pruebas básicas de seguridad eléctrica, lo que puede derivar en sobrecalentamiento o incluso quemaduras. En paralelo, varios juguetes para bebés presentaron piezas desprendibles con riesgo de asfixia o contenían niveles de sustancias químicas que exceden los límites legales de la UE. También se documentaron problemas en la bisutería, con materiales que representan riesgos dermatológicos o tóxicos para el usuario.
Qué mostró la compra encubierta
La operación de compra encubierta fue un elemento clave para validar sospechas: los artículos adquiridos fueron sometidos a análisis, con resultados que apuntaron a fallos en seguridad mecánica, eléctrica y química. Las conclusiones apuntan a que no se trató de incidentes aislados, sino de una presencia sistemática de productos no conformes. Las pruebas sirvieron para comprobar que la plataforma, en la práctica, expone a los consumidores a riesgos que la empresa no evaluó adecuadamente.
La evaluación de riesgos y la respuesta de la Comisión
Bruselas reprocha a Temu que su evaluación de riesgos presentada en 2026 fuese insuficiente y genérica: en vez de ofrecer datos específicos sobre su servicio y medidas preventivas, la empresa aportó información del sector sin profundidad ni pruebas sólidas. La vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen ha subrayado que las evaluaciones de riesgos no son simples formalidades, sino la columna vertebral de la DSA, y que la documentación entregada “dejó a reguladores y usuarios en la oscuridad” sobre la magnitud real de los peligros.
Implicaciones y sanciones adicionales
La multa de 200 millones de euros equivale, según la Comisión, al 0,32% de la facturación anual de Temu en 2026 (61.000 millones de euros), un cálculo que refleja la naturaleza y duración de la infracción. Aun así, la sanción puede considerarse moderada respecto al tamaño de la empresa; por ello, las autoridades han dado a Temu un plazo para corregir: la compañía tiene hasta el 28 de agosto para presentar un plan de acción detallado que explique cómo subsanará las deficiencias. Si no cumple, se expone a multas coercitivas periódicas y a futuras investigaciones sobre otros aspectos, como el posible carácter adictivo del diseño de su servicio.
Consecuencias para consumidores y mercado
La decisión de la Comisión busca, por un lado, proteger a los usuarios y, por otro, nivelar las condiciones de competencia entre plataformas. El caso pone sobre la mesa cuestiones sobre la responsabilidad de los grandes marketplaces cuando operan en varios países y sobre la eficacia de las normas europeas para obligar a plataformas internacionales a detectar productos peligrosos. En la práctica, el procedimiento pretende forzar la implementación de controles más rigurosos, desde el análisis de proveedores hasta mecanismos técnicos en los algoritmos de recomendación que reduzcan la visibilidad de ofertas no conformes.
Mientras tanto, Temu sigue operando en el mercado comunitario y la multa abre un proceso supervisado por la Comisión y la Junta Europea de Servicios Digitales. El caso servirá como referencia para próximas actuaciones regulatorias y podría marcar un precedente en la aplicación de la DSA frente a plataformas con alcance global.

