La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz en una actuación ordenada por la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire Díez, que investiga presuntas adjudicaciones amañadas en la SEPI y pagos a través de la constructora Servinabar; la causa alcanza a varios exdirigentes y a figuras cercanas al PSOE.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz como parte de una investigación que busca documentación relacionada con lo que la instrucción denomina caso SEPI, conocido popularmente como caso Leire Díez.
La actuación fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que dirige las diligencias sobre posibles irregularidades en adjudicaciones públicas y supuestos pagos relacionados con la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En paralelo a este registro, la causa ha motivado otras actuaciones: registros en domicilios de investigados y la citación de personas próximas a la trama.
El alcance de la investigación abarca desde el análisis de contratos y facturas hasta la búsqueda de pruebas sobre supuestas estructuras societarias empleadas para canalizar pagos.
Quiénes aparecen en la investigación
En el centro de la causa figura Leire Díez, exmilitante y exconcejala del PSOE que ocupó la dirección general de la SEPI en 2018. Las pesquisas atribuyen a Díez la utilización de su cargo para favorecer a determinadas empresas en adjudicaciones, presuntamente al margen de los procedimientos públicos de contratación, y la posible recepción de contraprestaciones por esos favores.
Exdirigentes y empresarios involucrados
Además de Díez, el juez investiga a varios exdirigentes socialistas y empresarios vinculados. Entre ellos aparecen Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, cuyos domicilios han sido objeto de registro, y el empresario Antxon Alonso, vinculado a la constructora Servinabar. También se ha citado a Javier Pérez Dolset, amigo de Díez, como parte del examen de relaciones comerciales y movimientos de fondos.
La relevancia de la constructora Servinabar
La sociedad Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, emerge como un elemento central de la investigación. Los investigadores consideran que la empresa pudo servir de vehículo para recibir pagos vinculados a adjudicaciones y para participar en un entramado de uniones temporales de empresas (UTE) con constructoras de mayor tamaño, práctica que, según la instrucción, facilitaría el acceso a contratos públicos relevantes.
Patrón de adjudicaciones y pagos
Según la hipótesis de la Fiscalía y del juzgado instructor, la inclusión de Servinabar en consorcios permitiría a sus socios acceder a obras de gran cuantía, mientras que parte de los beneficios o comisiones podrían desviarse hacia los responsables que facilitaron las adjudicaciones. Entre los apuntados figura Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, que, según la investigación, percibió ingresos de esa sociedad tras su salida del organismo.
Alcance judicial y medidas practicadas
El juez Santiago Pedraz ha cursado requerimientos documentales que incluyen contratos, correos electrónicos y cualquier prueba susceptible de acreditar la existencia de pagos irregulares o comunicaciones que demuestren instrucciones para favorecer a determinadas empresas. La UCO ha ejecutado entradas en la sede del PSOE y en domicilios de investigados como parte de esas órdenes.
Las diligencias recogen posibles delitos que van desde el tráfico de influencias y el cohecho hasta la revelación de secretos, la prevaricación y la falsedad documental. El juez valora las pruebas para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar hacia imputaciones formales por organización criminal o por otros ilícitos.
Dimensión política y repercusiones
El registro en Ferraz y las noticias sobre la investigación han generado reacciones en el ámbito político. El caso alcanza a nombres que mantienen vínculos con la cúpula del PSOE, lo que ha aumentado el interés mediático y el escrutinio público sobre las prácticas de contratación en empresas públicas y la relación entre la política y el sector empresarial.
Paralelamente, la instrucción incorpora otras piezas relacionadas con supuestos encargos de campañas de desprestigio o de informes contra jueces y fiscales, que, según fuentes judiciales, podrían haber sido sufragados por terceros. El juez ha solicitado documentación para verificar si se pagaron servicios orientados a atacar a personas vinculadas a otras causas en curso.
Contexto procesal y siguientes pasos
La investigación continúa abierta y la UCO mantiene su papel en la recogida de pruebas. El juzgado evaluará la documentación intervenida para decidir si procede la imputación de nuevas personas o la apertura de líneas de investigación adicionales. En este escenario, la transparencia de los expedientes de contratación en entidades públicas como la SEPI se convierte en uno de los ejes del debate.
Mientras se esclarecen los hechos, las actuaciones judiciales seguirán marcando el pulso del caso: nuevas citaciones, análisis periciales y decisiones sobre medidas cautelares podrían surgir a medida que los investigadores desentrañen la estructura empresarial y los movimientos financieros vinculados a la causa.
