El Gobierno aprueba un real decreto que habilita una regularización extraordinaria para personas migrantes en España; conoce plazos, requisitos y los mecanismos de apoyo disponibles
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que da inicio a una regularización extraordinaria destinada a personas migrantes que residen en España en situación administrativa irregular. Según las cifras oficiales y las valoraciones del Ejecutivo, la medida afectaría a cerca de medio millón de personas, muchas de las cuales ya forman parte del día a día de barrios y municipios.
La ministra Elma Saiz defendió el texto como una iniciativa con legitimidad social, política y económica y subrayó que el procedimiento cuenta con avales jurídicos y planes operativos para su ejecución.
Qué establece el real decreto
El decreto habilita un procedimiento para obtener una autorización de residencia y trabajo con una vigencia inicial de un año, que después permitirá acceder a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería y facilitar una integración progresiva en el sistema.
El Gobierno ha previsto que la solicitud telemática pueda iniciarse a partir del jueves 16 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y que la atención presencial comience el 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 30 de junio, y la comunicación de inicio del procedimiento habilita para trabajar en todo el territorio nacional.
Requisitos, documentación y garantías
Para acceder a la regularización será necesario acreditar estancia en España anterior al 1 de enero de 2026 y una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses antes de presentar la solicitud. Además, se exige carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública. Los solicitantes en situación irregular deberán acreditar al menos uno de estos supuestos: haber trabajado en España, formar parte de una unidad de convivencia con hijos menores o personas dependientes, o acreditar vulnerabilidad. En casos complejos se podrá aportar documentación pública o privada, y el Gobierno se compromete a ayudar a solicitar certificados desde los países de origen cuando haga falta.
Documentación y certificados
El informe del Consejo de Estado obligó a endurecer criterios, sobre todo en lo relativo a los antecedentes penales, por lo que ahora su presentación es más exigente. El Ejecutivo ha asegurado que en situaciones excepcionales se proporcionará apoyo para obtener esos documentos desde el exterior y que, de forma general, la mayoría de los solicitantes consigue remitir los certificados. Entre los trámites posteriores, la resolución favorable dará lugar a la asignación de un número de afiliación a la Seguridad Social y, en el plazo de un mes tras la decisión definitiva, la persona beneficiaria deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
Apoyo operativo y canales de acompañamiento
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha diseñado un plan operativo para gestionar el volumen de solicitudes sin desatender la atención pública ordinaria. Se ha creado un Registro de Colaboradores de Extranjería (RECEX) para que entidades y sindicatos con experiencia puedan asesorar gratuitamente, y se habilitarán oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social y oficinas de Correos en capitales de provincia y localidades mayores de 50.000 habitantes. La atención presencial requerirá cita previa, gestionable a través del sistema institucional y del teléfono 060, y la vía telemática funcionará las 24 horas con certificado electrónico.
Protección especial y tramitación familiar
El decreto contempla medidas específicas para menores, que podrán recibir una autorización de residencia por cinco años, y facilita que las solicitudes de una misma unidad de convivencia se presenten de forma simultánea en una misma cita. La Administración prevé sesiones técnicas con la abogacía y formación a los colaboradores inscritos en el RECEX para garantizar la correcta tramitación y asesoramiento jurídico a las personas interesadas.
Reacción política y próximos pasos
El anuncio ha desatado un debate político intenso: el Ejecutivo lo presenta como un acto de normalización y de justicia social que reconoce la realidad de miles de personas, y subraya su origen en una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por más de seiscientas mil personas. Por su parte, el principal partido de la oposición anunció recursos jurídicos y una ofensiva parlamentaria, criticando la medida por sus posibles efectos sobre los servicios públicos y alertando sobre un hipotético efecto llamada. El Gobierno, en respuesta, atribuye ese rechazo a pactos políticos que han cambiado posiciones previas y apela a la soberanía normativa para tramitar la reforma vía reglamentaria, con el aval del Consejo de Estado.
En los próximos días arrancará la recepción de solicitudes telemáticas y presenciales según el calendario previsto, y la Administración asegura que movilizará recursos humanos y técnicos para atender la demanda. La implementación práctica del proceso y la supervisión de su impacto social y laboral serán las claves para valorar si la medida cumple los objetivos anunciados de integración, seguridad jurídica y cohesión social.
