La jueza ha citado a 15 personas por la adjudicación de Les Naus; declaraciones públicas y técnicas revelan problemas en la supervisión de las viviendas de protección pública
La instrucción abierta sobre la urbanización Les Naus en la Playa de San Juan ha dado un giro con la citación de quince personas en calidad de investigados y varios testigos clave. La causa, impulsada por la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la presunta irregularidad en la asignación de VPP, un proceso que, según las diligencias, habría beneficiado a cargos y allegados de la administración.
En paralelo, el procedimiento apunta a examinar los mecanismos administrativos que permiten adjudicaciones directas por parte de los promotores y la supervisión ejercida por la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de Alicante.
Las citaciones para declarar como investigados se distribuyen en los próximos meses de mayo y junio, con fechas concretas señaladas por la instructora para garantizar la comparecencia de las partes y sus defensas.
Además de los responsables públicos y técnicos, la causa incluye a personas que recibieron pisos en la promoción y que están investigadas como beneficiarias. Junto a las imputaciones, la instrucción incorpora testimonios de altos cargos territoriales que han reconocido ante la jueza carencias en los controles administrativos, lo que ha promovido que el juzgado pida documentación y explicaciones adicionales sobre la gestión de estos expedientes.
Quiénes están citados como investigados
Entre los 15 citados aparecen figuras relevantes del Ayuntamiento y de la administración autonómica, incluidas la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y la jefa del Servicio de Contratación municipal, María Pérez-Hickman. También figuran técnicos municipales, el administrador único de la cooperativa promotora y el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria, nombre que ha sido vinculado por la Fiscalía con posible implicación en la tramitación de los expedientes. La instructora ha fijado comparecencias concretas para garantizar que los investigados acudan asistidos por letrados, y en la providencia se recoge la denegación de un intento de la acusación popular para rebajar la condición de uno de los funcionarios a mero testigo.
Beneficiarios señalados en la causa
Además de los cargos y técnicos, la resolución judicial incluye a varias personas que obtuvieron las llaves de pisos en la promoción y que ahora figuran como investigadas por ser beneficiarias de adjudicaciones. Según las diligencias, algunos de los inmuebles —pisos de tres y cuatro habitaciones con trastero y plaza de garaje en una urbanización con servicios— se entregaron a particulares cuyo encaje en los requisitos sociales y económicos reviste dudas. La investigación examina si existieron mecanismos para sortear criterios como la limitación de ingresos o la obligación de destinar la vivienda a primera residencia, elementos claves del régimen de VPP.
Las declaraciones que han puesto en evidencia la falta de control
En la primera jornada de testigos, celebrada el 15 de abril de 2026, responsables territoriales de la Consejería reconocieron ante la jueza la ausencia de normas que obliguen a los promotores a un control exhaustivo en las adjudicaciones directas. Tres altos cargos de los servicios territoriales en Alicante admitieron que la supervisión se basaba en comprobaciones limitadas como la declaración de renta o la consulta del registro de la propiedad, sin procedimientos homogéneos para detectar titularidades empresariales o copropiedades que pudieran falsear la condición de solicitante. Estas inconsistencias son ahora parte central del examen judicial y administrativo.
La responsabilidad de un funcionario y su repercusión
Las declaraciones también han puesto el foco en un funcionario de la Sección de Vivienda que fue suspendido de empleo y sueldo tras detectarse irregularidades en visados y tramitación, y a quien se acusa de facilitar adjudicaciones, incluida la de su cónyuge. Según el testimonio incorporado a las diligencias, aquel empleado reconoció ante su superior: «Lo siento mucho, la he cagado y asumiré todas las consecuencias»; asimismo, consta que asumió la gestión de los expedientes de la promoción y que parte de la tramitación se realizó telemáticamente. La jueza ha solicitado informes adicionales y ampliará la relación de comparecientes técnicos para esclarecer estos hechos.
Trámite judicial y próximos pasos
La causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, continúa con la planificación de citaciones: algunos investigados han sido llamados a declarar el 20 de mayo y otros en fechas de junio. Antes que ellos, están previstos testimonios de técnicos de la Conselleria y del Ayuntamiento, como el director general de Planificación, responsables de Gestión Patrimonial y el arquitecto jefe de Control de Obras. La investigación buscará determinar responsabilidades penales y administrativas, y la documentación solicitada por la juez servirá para evaluar la necesidad de medidas cautelares o nuevas imputaciones conforme avance la instrucción.
Implicaciones políticas y administrativas
Más allá del proceso penal, el caso ha provocado un debate público sobre la regulación de las adjudicaciones directas y la transparencia en el acceso a la vivienda pública. Las autoridades implicadas han anunciado revisiones internas y reformas procedimentales para evitar que vacíos normativos permitan adjudicaciones irregulares. La investigación de Les Naus mantendrá la atención sobre cómo se garantizan los criterios sociales de las VPP y sobre la rendición de cuentas de quienes gestionan políticas de vivienda.
