El PP prepara una batería de citaciones en la comisión de la SEPI y exige explicaciones por el préstamo de 53 millones concedido a Plus Ultra; la imputación de Zapatero reaviva el debate político y jurídico
La situación en torno al llamado caso Plus Ultra se ha trasladado con fuerza al Parlamento y, en particular, a la comisión de investigación de la SEPI en el Senado. Tras conocerse el levantamiento del secreto del sumario y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los grupos políticos han escalado sus reacciones y el Partido Popular ha anunciado una maniobra intensa para ampliar las comparecencias y cuestionar las decisiones vinculadas al rescate.
En el centro del expediente está el préstamo de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra imputado al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y gestionado por la SEPI. El juez José Luis Calama ha atribuido al expresidente delitos como organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, y cuantifica en 1,9 millones de euros los supuestos beneficios personales.
La causa incluye evidencias documentales y volcados telefónicos que han alimentado las diligencias.
Las citaciones que propone el PP y su estrategia en el Senado
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado lo que el partido define como una ofensiva total en la comisión de la SEPI: la intención es ampliar el elenco de comparecientes para inspeccionar decisiones administrativas y posibles vínculos personales. Entre los citados están el actual gobernador del Banco de España y exministro José Luis Escrivá, además de la exsecretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, el gestor de confianza de Julio Martínez, Cristóbal Cano, y el empresario canario Manuel Aarón Fajardo, señalado en el auto como enlace en Venezuela.
Objetivos y límites políticos
El PP pretende aprovechar la comisión para vincular el expediente con otras piezas abiertas y forzar explicaciones sobre la gestión de los apoyos públicos a la aerolínea. Aun así, la dirección popular ha descartado por ahora presentar una moción de censura contra el Gobierno por falta de apoyos parlamentarios —una decisión que, según sus portavoces, obedece a una valoración táctica y al reconocimiento de la aritmética política actual.
Reacciones públicas, defensas y llamadas a la prudencia
La respuesta institucional incluye varias líneas: el Gobierno y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han defendido que los aplazamientos de deuda con la Seguridad Social se tramitaron conforme a la normativa vigente. Fuentes oficiales recuerdan que la tramitación de los aplazamientos de cuotas corresponde a la TGSS y se basó en criterios técnicos, en un contexto en que muchas empresas usaron ese mecanismo durante la pandemia.
Declaraciones de partidos y la empresa implicada
El ministro Óscar López ha subrayado la presunción de inocencia y ha mostrado apoyo público al expresidente, apelando a años de convivencia política y a su comportamiento «ético» y conocido por quienes le rodean. Por su parte, Plus Ultra ha difundido comunicados en los que afirma que analizará con rigor el auto que permitió el levantamiento del secreto sumarial y que colaborará con la justicia, solicitando un tratamiento responsable de la información.
Pruebas procesales y apuntes técnicos
En el trámite judicial se incorporaron informes periciales y auditorías de terceros. Un informe encargado por la SEPI a Deloitte detectó la existencia de una deuda anterior con la Seguridad Social por importe de 451.954,79 euros, cuestión que el Ministerio sostiene que fue valorada en los trámites. Además, la investigación recoge testimonios del comisionista Víctor de Aldama que apuntan a prácticas como el uso de móviles desechables, un elemento que conectaría conversaciones referidas en los volcados telefónicos a expresiones como «vamos a tomar café».
Pasos siguientes en la instrucción
El calendario judicial y parlamentario condicionará los próximos movimientos: la comparecencia ante el juez —a la que se ha hecho referencia públicamente— y las nuevas citaciones en la comisión marcarán el tono de las próximas semanas. Los grupos políticos, desde Junts a representantes del PP y del Gobierno, reclaman explicaciones políticas o defienden la prudencia procesal, mientras el caso mantiene la atención informativa y política sobre la gestión de ayudas durante la pandemia.
