El magistrado acordó un bloqueo por 490.780 euros y citó a José Luis Rodríguez Zapatero para el 2 de junio en una investigación que vincula a su entorno con pagos procedentes de Plus Ultra
El instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del denominado caso Plus Ultra. Según la diligencia remitida a las partes, se ha abierto una pieza separada destinada a tramitar las medidas de carácter real adoptadas en la causa, y el embargo acordado se limita a la suma de 490.780 euros, la cantidad que figura como pagada por la sociedad vinculada al entorno de su amigo Julio Martínez Martínez.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) solicitó el bloqueo, y el levantamiento del secreto de actuaciones ha permitido conocer detalles de la instrucción, que relaciona a Zapatero con una supuesta estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias.
El expresidente ha sido citado a declarar como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales el próximo 2 de junio, fecha en la que la magistratura decidirá si aplicar medidas cautelares adicionales.
Las alegaciones del juez y el esquema investigado
En un auto de más de ochenta páginas, el magistrado describe una red que habría utilizado sociedades instrumentales y vías financieras opacas para canalizar contraprestaciones a favor de terceros y, en última instancia, del propio entorno del expresidente. El instructor considera que la actividad perseguía la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación ante administraciones públicas, y apunta a pagos realizados a empresas como Análisis Relevante y a la sociedad de marketing Whathefav SL, vinculada a las hijas del investigado. El documento analiza transferencias y contratos que, según la investigación, sirvieron de apariencia documental para justificar esos flujos.
Pagos, sociedades y alcance económico
La documentación intervenida y las cuentas bancarias reflejan movimientos procedentes de Plus Ultra y sociedades vinculadas que habrían terminado en el entorno de Zapatero. Entre los apuntes citados en el auto figuran transferencias de Análisis Relevante por 490.780 euros a favor del expresidente y cuantías destinadas a Whathefav; además, se detallan otros pagos desde entidades como el Gate Center o grupos vinculados a Thinking Heads, que suman importes relevantes. En conjunto, el entorno del expresidente habría percibido en distintos apuntes cerca de 1.948.857 euros, según la instrucción.
Canales externos y operaciones off-shore
El auto subraya que la operación no se limitó al territorio nacional: describe la creación de sociedades fuera de España, como Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participadas por Idella Consulenza Strategica, y un contrato fechado el 19.01.2026 que habría previsto una comisión del 1% sobre el rescate solicitado por Plus Ultra (aproximadamente 530.000 euros). La proximidad temporal entre contratos, constitución de sociedades (por ejemplo, 26.01.2026) y la ausencia de pagos transparentes en España son aspectos que el instructor considera indicativos de una estructura diseñada para triangular y ocultar fondos.
Mensajes y comunicaciones internas
Parte del auto recopila intercambios entre directivos de la aerolínea y empresarios implicados donde se evidencia la intención de activar influencias para lograr la ayuda pública. Esos registros, incluidos mensajes de whatsapp, muestran que los imputados buscaban que el expresidente intercediera en favor de Plus Ultra y coordinaban gestiones con interlocutores cercanos como Julio Martínez Martínez. El juez destaca que esos contactos permitieron acceder a información adelantada sobre la concesión de la ayuda antes de su aprobación formal.
Roles y reparto de funciones
Según la instrucción, la red habría contado con una jerarquía funcional: Zapatero como supuesto eje de influencia, Julio M. M. como interlocutor y gestor de sociedades, y personal de apoyo responsable de la operativa diaria. La secretaria de la oficina del expresidente figura mencionada por haber ejecutado órdenes, y otros administradores habrían actuado como testaferros en la cadena de pagos. El juez subraya la existencia de contratos de asesoría supuestamente confeccionados ad hoc para justificar las contraprestaciones.
Medidas solicitadas y posibles cautelares
La acusación popular ejercida por Hazte Oír reclamó el embargo de cuentas, la retirada del pasaporte, comparecencias quincenales y la prohibición de comunicarse con otros investigados o testigos. Tras la declaración del 2 de junio, el instructor valorará riesgos como la fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva para decidir sobre medidas que podrían incluir desde obligaciones de presentación periódica hasta la retirada de documentación o la prisión provisional. En todo caso, el auto califica indicios que, en esta fase, encajan con los tipos penales de tráfico de influencias y con un patrón compatible con blanqueo de capitales.
