El magistrado José Luis Calama ordena el bloqueo de saldos y amplía la investigación sobre presuntas comisiones y sociedades vinculadas al rescate de Plus Ultra; Zapatero asegura que colaborará con la justicia
El pasado 21/05/2026 la Audiencia Nacional, a través del magistrado José Luis Calama, ordenó el bloqueo de saldos en las cuentas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La medida responde a diligencias que indagan el posible flujo de fondos derivados de comisiones vinculadas al rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
En concreto, el bloqueo alcanza hasta 490.780 euros, importe que aparece vinculado a la mercantil Análisis Relevante, cuya administración recae en Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente y también investigado. Según la resolución, la finalidad del bloqueo es impedir movimientos que puedan entorpecer el curso de la instrucción.
La decisión procesal llega después del registro del despacho oficial del expresidente, donde se requisó documentación en papel y en soporte digital, mientras que el registro del domicilio particular fue denegado por el instructor. La petición inicial había sido formulada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que además solicitó la inmovilización de activos para evitar la dispersión de fondos. El auto sitúa a Zapatero como presunto artífice de una estructura estable destinada al tráfico de influencias, término que aquí se entiende como la intermediación sistemática ante instancias públicas para obtener beneficios económicos en favor de terceros.
Alcance de las medidas y entidades afectadas
Además de las cuentas personales del expresidente, el magistrado acordó la congelación de saldos en varias sociedades investigadas como personas jurídicas, entre ellas Whathefav, empresa administrada por las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Según fuentes jurídicas consultadas, ellas no están en estos momentos formalmente imputadas, si bien aparecen vinculadas por la condición de administradoras. La investigación acumula indicios sobre facturación irregular y el uso de empresas instrumentales para canalizar cobros. En el sumario se señala la existencia de pagos cuyo rastro apunta a cobros de relevancia económica: se han identificado transferencias irregulares que sumarían, según la policía, alrededor de un millón y medio de euros al expresidente y cerca de un millón a sus hijas.
Cobros y presunta estructura mercantil
El instructor describe la trama como una especie de boutique financiera que gestionaba las comisiones mediante facturas por trabajos supuestamente simulados y un entramado societario para ocultar el origen y destino de los fondos. En el centro de la investigación figura un contrato que habría pactado un 1% (530.000 euros) sobre los 53 millones de euros del rescate concedido a Plus Ultra en 2026. Las pesquisas apuntan a que esa comisión debía ser cobrada por la mercantil Idella Consulenza Strategica, vinculada a Julio Martínez Martínez, y que parte de esos fondos podrían haberse desplazado a través de sociedades interpuestas para dificultar su trazabilidad.
Rutas internacionales y la sociedad creada en Dubái
Uno de los ejes de la investigación es la constitución, presuntamente ordenada por el entorno de Zapatero, de una sociedad en Emiratos Árabes Unidos denominada Landside (identificada como Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco). El juez recoge diligencias que detallan intercambios de correos y una reunión con responsables del Halal Trade and Marketing Centre de Dubái, en la que participaron personas vinculadas al expresidente y a Martínez Martínez. Esa entidad off shore habría sido diseñada, según el instructor, para canalizar pagos fuera de España y ofrecer un manto de opacidad sobre la procedencia de los fondos, un patrón que encaja en indicios de blanqueo de capitales.
Correos, reuniones y trazabilidad
La instrucción incorpora como prueba una cadena de correos electrónicos que, según el magistrado, evidencia los pasos necesarios para la constitución de la sociedad en la zona franca de Dubái y la interlocución con responsables locales. Además, la Fiscalía y la UDEF han vinculado esa operativa con la ausencia de pagos en España tras el rescate, reforzando la hipótesis de que se buscó trasladar la comisión a una cuenta titularizada por Landside en el extranjero. Entre los indicios figura también la actuación coordinada del entorno personal del expresidente y del empresario Martínez Martínez.
Reacciones públicas y siguientes pasos procesales
Ante los hechos, el juez ha citado a declarar como investigado a Zapatero para el próximo 2 de junio, fecha en la que deberá responder sobre su papel en la presunta red. El expresidente difundió un vídeo en el que asegura haber recibido la citación y manifiesta su disposición a colaborar con la justicia, negando haber tenido sociedades mercantiles, ni directas ni a través de terceros, en España o en el extranjero. Mientras tanto, el Gobierno ha defendido la honorabilidad del dirigente y ha reclamado prudencia hasta que los hechos se acrediten. Organismos y actores públicos han subrayado la importancia de la independencia judicial en las pesquisas.
Perspectiva y consecuencias
La causa permanece en fase inicial pero con medidas cautelares relevantes: bloqueos de cuentas, registros y la identificación de rutas de pago internacionales. Si las indagaciones confirman la existencia de una estructura destinada a canalizar comisiones y ocultar su origen, las consecuencias penales podrían abarcar delitos contra la Administración, tráfico de influencias y blanqueo. Por ahora, las diligencias siguen recopilando documentación financiera y cruzando información remitida por la policía, con el objetivo de esclarecer el papel efectivo de cada uno de los implicados y la trazabilidad de los fondos cuestionados.
