El instructor mantiene bajo secreto una pieza del sumario mientras rastrea transferencias en el extranjero y cita a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero
La Audiencia Nacional sigue avanzando en la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama ha dejado bajo reserva una pieza secreta del procedimiento, donde según fuentes judiciales se investigan supuestos tráficos de influencias que afectarían a terceras personas.
Paralelamente, la instrucción se ha centrado en el rastro del dinero fuera de España: hay peticiones de cooperación internacional y comisiones para localizar cuentas y movimientos que podrían explicar la recepción de comisiones. En la causa aparecen empresas, transferencias y registros que apuntan a una estructura que el juez define como estable.
Origen y alcance de la causa
Según la documentación incorporada al sumario, la investigación no se inició por una querella de terceros sino tras solicitudes de cooperación remitidas por Francia y Suiza en 2026 relacionadas con el posible blanqueo de capitales vinculado a Venezuela. Esas diligencias pusieron a la Fiscalía Anticorrupción sobre la pista del uso de los 53 millones concedidos en marzo de 2026 para el rescate de Plus Ultra. La investigación pública se aceleró cuando el 11 de diciembre de 2026 la Policía Nacional detuvo a directivos vinculados a la aerolínea y a consultoras implicadas en las transferencias.
Acusaciones, estructuras y cifras
El auto del instructor apunta a una estructura estable y jerarquizada dedicada al ejercicio ilícito de influencias, en la que intervendrían consultores y empresas creadas para canalizar pagos. Entre las sociedades mencionadas figuran Análisis Relevante y Whathefav, esta última vinculada a las hijas del ex presidente. Las cifras que aparecen en el sumario, según fuentes judiciales, suman pagos irregulares de 1.525.078 euros a favor de Zapatero y alrededor de 423.779 euros a cuentas asociadas a sus hijas; en términos aproximados la investigación habla de casi 1,95 millones en comisiones presuntas.
Mecanismos y pruebas
El órgano instruc tor sostiene que los ingresos se canalizaron mediante una boutique financiera y facturación por trabajos supuestamente ficticios, acompañados de un entramado societario que incluiría sociedades en el extranjero. En ese marco se ordenaron registros —entre ellos la oficina del expresidente en la calle Ferraz— a cargo de la UDEF, y se analizan transferencias remitidas por Análisis Relevante a cuentas personales y a la agencia Whathefav. El juez mantiene además la apertura de diligencias para averiguar si existen cuentas aún no identificadas en jurisdicciones extranjeras.
Estado procesal y reacciones
El 22/05/2026 el instructor comunicó que la defensa de Zapatero ya se ha personado en la causa y que formaciones como PP, Vox y Hazte Oír han depositado la fianza exigida para actuar como acusaciones populares. Otras plataformas han solicitado personación, por lo que el juez ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción informe sobre la posible coordinación de representantes. Paralelamente, existe expectación por la comparecencia citada para el 2 de junio, en la que el investigado podrá declarar o acogerse a su derecho a no responder.
Aspectos penales y probabilidades
En el procedimiento se barajan figuras delictivas como organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. La normativa penal contempla penas que varían según la participación y la gravedad: el delito de blanqueo puede acarrear multas y privaciones de libertad más severas si se actúa en el seno de una organización, y el tráfico de influencias penaliza la obtención de beneficios por gestiones ante autoridades. Estas consecuencias dependen, en todo caso, de la acreditación probatoria en el juicio.
En el plano político y mediático han circulado versiones contradictorias sobre el origen de la investigación; conviene señalar que las querellas presentadas por Manos Limpias en diciembre de 2026 llegaron después de las primeras actuaciones internacionales de 2026. La instrucción mantiene partes bajo secreto para preservar diligencias sensibles y evitar la contaminación de pruebas.
Lo que sigue en la agenda judicial es la recepción de comisiones rogatorias internacionales, el análisis forense de movimientos bancarios y la comparecencia ante la Audiencia Nacional. Hasta que esas piezas se levanten o culminen en un proceso oral, el caso seguirá sujeto a nuevas diligencias que podrán ampliar o matizar lo que hoy aparece en el sumario.
