La UCO afirma que la cátedra se constituyó según la normativa de la Universidad Complutense y descarta pagos opacos en las cuentas de Begoña Gómez, aunque señala fallos en la tramitación de contratos
El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) reinterpreta varias de las piezas clave del sumario que instruye el juez Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno. Según el documento, la cátedra extraordinaria objeto de la investigación se constituyó siguiendo los cauces previstos por la Universidad Complutense de Madrid y las aportaciones externas se canalizaron hacia la propia universidad, lo que pone en cuestión la hipótesis de que los fondos se destinasen a un enriquecimiento particular.
En el análisis de las cuentas bancarias de la investigada, los agentes concluyen que los movimientos son coherentes con su trayectoria profesional y con las entidades con las que ha colaborado. La UCO subraya que no ha detectado operaciones opacas ni comisiones sospechosas en el patrimonio examinado, y valora que los ingresos facturados a la universidad —unos 17.000 euros en el periodo señalado— resultan incompatibles con la idea de un beneficio ilícito personal.
El contenido esencial del informe
El documento policial recalca que la cátedra llamada a desarrollar un software de sostenibilidad para pymes se nutrió de aportaciones de empresas colaboradoras y que estas estaban informadas de que su financiación iba dirigida a la Complutense. En total, las contribuciones vinculas al proyecto alcanzan, según el sumario, unos 176.000 euros procedentes de entidades como Telefónica, Reales, Numintec, Google y la Fundación Human Age Institute. La UCO identifica a Begoña Gómez y a José Manuel Ruano como responsables de la gestión del gasto dentro de la cátedra.
Al revisar la documentación, los investigadores también examinaron el tratamiento dado al registro de propiedad intelectual del software y a las medidas complementarias como la inscripción de una marca y el alta de dominio. En este punto, el informe recoge que no se han encontrado evidencias concluyentes de que la gestión administrativa se ajustara íntegramente al protocolo interno previsto, aunque las acciones complementarias sí fueron emprendidas.
Contrataciones y posibles disfunciones
La UCO no oculta que detectó irregularidades formales en la contratación de empresas que trabajaron en la plataforma. En el caso de una consultora, los papeles señalan la ausencia de un expediente administrativo previo pese a que la cuantía superaba el umbral para contratos menores (se alude a un importe en torno a 20.000 euros sin IVA, cifra que en versiones del expediente aparece también como 24.200 euros). Los agentes explican que, al constatar la deficiencia, la unidad interventora procedió al pago para evitar un enriquecimiento indebido de la universidad.
El caso de Deloitte y la apariencia de legalidad
Respecto a Deloitte, la UCO documenta dos contratos que habrían funcionado como marco administrativo para contratos ya iniciados por la consultora. La cuantía reconocida en el sumario asciende a 78.648,79 euros, y los investigadores señalan que la prestación de servicios comenzó con anterioridad a la adjudicación formal, lo que genera dudas sobre el respeto estricto a los procedimientos previstos por la normativa de contratación.
Registro, empresa vinculada y facturación
El informe también atiende a la creación de una sociedad privada con el mismo nombre de la cátedra que llegó a registrar actividad comercial durante un periodo breve. Se documenta un ingreso por 6.687,85 euros desde una sociedad cuyo administrador fue usuario de la plataforma, y también pagos desde esa mercantil a terceros, hechos que la UCO considera relevantes pero insuficientes para establecer una relación clara de apropiación de la herramienta por parte de la investigada.
Repercusiones procesales y la respuesta de la defensa
Con estos hallazgos la UCO rebaja el peso de algunos de los indicios que motivaron la acusación del juez Peinado, que había propuesto llevar a juicio a la investigada por delitos como apropiación indebida y administración desleal. El informe no cierra la causa, pero sí limita la interpretación de ciertos movimientos como prueba de un enriquecimiento ilícito.
La defensa de Begoña Gómez, representada por el letrado Antonio Camacho, ha solicitado la absolución y reclama la imposición de costas a las acusaciones que, a su juicio, han actuado con temeridad. El procedimiento continúa su curso y la información aportada por la UCO será valorada por el juez dentro del marco del sumario.
