La UCO remite un informe al juez Peinado que apunta a la ausencia de indicios de enriquecimiento en las cuentas de Begoña Gómez y analiza contratos y pagos vinculados a la cátedra
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juez Juan Carlos Peinado un informe en el que, tras revisar distintas cuentas bancarias, no identifica movimientos sospechosos atribuibles a un enriquecimiento personal de Begoña Gómez. El documento, que acompaña el proceso abierto en el juzgado, concluye que los ingresos y destinatarios coinciden con las actividades profesionales que la esposa del presidente habría desarrollado en el marco de una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense.
El informe, que según una de las fuentes consultadas se extiende a varios centenares de páginas con anexos, profundiza en transacciones, contratos y la supuesta explotación de un software asociado a la cátedra. Además de las cuentas en las que Gómez figura como titular o autorizada, los agentes analizaron transferencias desde terceros y pagos realizados a sociedades vinculadas a la plataforma conocida como Transforma TSC.
Qué concluye el análisis bancario
Los investigadores señalan que la información bancaria revisada es coherente con los servicios que habitualmente se atribuyen a la codirección de una cátedra universitaria. Entre las operaciones detectadas figura un ingreso por 6.687 euros procedente de la sociedad Innovación Hexagonal, cuyo administrador es identificado como usuario de la plataforma. No obstante, la UCO apunta que, con los datos disponibles, no puede determinar con certeza el objeto de esa facturación ni vincularla inequívocamente al uso de la herramienta tecnológica objeto de la investigación.
Análisis de montos y contratos
El informe subraya que los importes percibidos por Gómez durante dos años suman una cifra que, a juicio de los agentes, resulta incompatible con un relato de enriquecimiento personal: en la documentación se reflejan importes alrededor de 17.037,75 euros por facturación vinculada a la actividad académica. Además, los investigadores incorporan movimientos de cuentas compartidas con el presidente y menciones a transferencias desde la Fundación Instituto de Empresa por 196.353,29 euros entre 2019 y 2026, cantidades que la Audiencia Provincial de Madrid habría excluido de la investigación principal.
Contrataciones y dudas sobre el desarrollo del software
La UCO también examina cómo se abordó el desarrollo de la plataforma asociada a la cátedra y la titularidad de sus derechos. Los acuerdos formales recogen que la herramienta sería propiedad de la Universidad Complutense, y los agentes constatan la presencia de distintos colaboradores, algunos con aportaciones económicas y otros con participación técnica. Pese a ello, aparecen apuntes sobre irregularidades en la tramitación administrativa de contratos que financiarían o ejecutarían el desarrollo.
Dudas sobre procedimientos administrativos
Respecto a proveedores, la UCO advierte que la contratación de Making Science Group se realizó sin un expediente administrativo previo, pese al importe cercano a los 20.000 euros sin IVA, circunstancia que la unidad interventora detectó a posteriori y que llevó al abono para evitar un posible perjuicio económico a la UCM. En cuanto a Deloitte, los agentes hablan de la existencia de expedientes que habrían servido para dar una apariencia de legalidad a las contrataciones, y subrayan discrepancias entre el contenido de los contratos y los trabajos efectivamente realizados.
Posición procesal y las explicaciones de las partes
La causa, que el juez Peinado decidió en abril enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, sigue su curso mientras la Fiscalía ha solicitado el archivo. Las acusaciones populares, encabezadas por organizaciones como Hazte Oír, reclaman penas aunque se enfrentan al criterio contrario del ministerio fiscal. La defensa de Gómez ha pedido la absolución y la paralización del procedimiento mientras se resuelven recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid.
En su respuesta al informe, el administrador de Innovación Hexagonal, Raúl Olivan, negó que las transferencias respondieran al pago por el uso de la plataforma y explicó que correspondían a la organización de un ciclo de cinco talleres sobre sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible celebrados en sedes de cámaras de comercio en Zaragoza, Valencia, Cáceres, Granada y Cantabria; los pagos, según su versión, se destinaron a retribuir a la profesional encargada de dinamizar los encuentros y a cubrir desplazamientos y dietas, y los talleres fueron abiertos y gratuitos.
La UCO, según el documento aportado, considera que con la información actual no puede acreditar movimientos ilícitos ni determinar la naturaleza exacta de todas las facturaciones, y apunta que las pesquisas siguen siendo limitadas respecto a ciertos extremos del desarrollo del software y la naturaleza de algunos contratos. El informe ha pasado ahora a manos del juez Peinado, quien valorará su efecto dentro del procedimiento iniciado tras la denuncia que dio origen al caso.
