La UDEF defendió que la vivienda de Zapatero actuaba como espacio idóneo para instrucciones sensibles; el juez José Luis Calama negó el registro y la policía halló una caja fuerte en Ferraz
La investigación del conocido caso Plus Ultra incluyó la petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para acceder al domicilio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En un informe remitido a la Audiencia Nacional la UDEF sostuvo que, además de la oficina en la calle Ferraz, la vivienda particular funcionaba como un espacio idóneo para dirigir y custodiar instrucciones de mayor sensibilidad.
El juez instructor, José Luis Calama, valoró la solicitud y decidió no autorizar el registro domiciliario, argumentando cuestiones de oportunidad y proporcionalidad.
La petición de la UDEF, fechada en el contexto de las actuaciones que llegaron al sumario, se apoyó en un patrón de comunicaciones y envíos que, según los agentes, vinculaban operaciones y facturas con la dirección particular del exmandatario.
Entre las piezas analizadas aparecen correos electrónicos, remesas identificadas como regalos y facturas emitidas a la consultora Análisis Relevante. La Policía consideró que la combinación de esos elementos configuraba una estructura dual de funcionamiento entre lo profesional y lo domiciliario, capaz de concentrar decisiones delicadas fuera del despacho formal.
Argumentos de la UDEF para pedir el registro
Los investigadores de la UDEF describieron a Zapatero como el vértice de la red y subrayaron su papel de liderazgo en la planificación y supervisión de las actuaciones presuntamente vinculadas al rescate de Plus Ultra. En su escrito al juzgado la unidad defendió que no todas las directrices se cursaban por canales oficiales y que existía una movilidad constante para evitar trazas. Ese diagnóstico incluyó la hipótesis de que el núcleo de planificación y dirección se desplazaba con frecuencia entre la oficina de Ferraz y la esfera íntima del domicilio, donde, según la UDEF, habría mayor control y reserva de la información.
Evidencias citadas en el sumario
Como soporte de sus conclusiones la UDEF aportó correos electrónicos, registros de envíos y facturas que, a su juicio, mostraban un patrón logístico coherente. Los agentes señalaron mensajes en los que se acordaba el envío de cajas —entre ellas referencias a envíos de vino— a la dirección particular y anotaron facturas emitidas a Análisis Relevante, la consultora asociada al empresario Julio Martínez. Además, en el expediente figura una cuantía concreta: pagos que alcanzarían los 490.780 euros abonados por la empresa al exdirigente, un dato que la UDEF consideró relevante para sustentar la petición de acceso domiciliario.
La decisión del juez y la autorización en Ferraz
El magistrado José Luis Calama rechazó la entrada en la vivienda alegando, entre otros motivos, la amplia difusión mediática de la causa y la probabilidad de que cualquier elemento comprometedor hubiera sido retirado o trasladado con anterioridad. Por ese motivo el juez apreció que un registro domiciliario no sería ni idóneo ni proporcional. No obstante, autorizó registrar el despacho oficial en la calle Ferraz y facultó a la Policía para intervenir los dispositivos de la secretaria personal del ex presidente, María Gertrudis Alcázar, en busca de soportes e instrucciones formales.
Hallazgos en la oficina
El registro efectuado en la oficina el 19 de mayo dejó hallazgos materiales que ingresaron en el sumario: los agentes localizaron una caja fuerte cuyo origen, según señalaron las secretarias, habría sido la vivienda del matrimonio Zapatero-Espinosa. En su interior aparecieron numerosas piezas de joyería, relojes y discos duros, elementos que la Policía consideró relevantes para el esclarecimiento de las comunicaciones y posibles movimientos patrimoniales vinculados a la investigación. La presencia de dispositivos de almacenamiento alimenta la búsqueda de trazas electrónicas.
Material intervenido y cadena de custodia
Los objetos y soportes incautados fueron inventariados por los agentes: carpetas con documentación, discos duros y un centenar de piezas de valor. La secretaria alertó de la procedencia de la caja fuerte, lo que refuerza la conexión entre el despacho y el domicilio en el relato policial. A partir de ahí, la conservación de la cadena de custodia y el análisis forense de los dispositivos serán pasos clave para determinar si existe correspondencia entre la hipótesis de la UDEF y las pruebas que finalmente se incorporen al procedimiento.
Implicaciones políticas y próximos pasos
La discrepancia entre la interpretación de la UDEF y la decisión del instructor abre debates sobre la estrategia probatoria y las medidas proporcionales en investigaciones de alto perfil. Mientras la policía aprecia indicios que apuntarían, además de a blanqueo y tráfico de influencias, a posibles delitos de organización criminal, falsedad documental y apropiación indebida, el juez por el momento limitó las medidas cautelares a la oficina. La investigación seguirá su curso con el estudio de los materiales incautados y el requerimiento de documentación a organismos como la SEPI, cuya colaboración la UDEF ha criticado por remitir archivos incompletos en fases previas.
