La operación se centró en el volcado de buzones y en la incautación de documentación que, según el magistrado, permitiría reconstruir instrucciones, facturas y la eventual canalización de fondos a través de sociedades vinculadas a las hijas de Zapatero
La investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra llevó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a registrar la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la sede de la agencia What The Fav, dirigida por Alba y Laura Rodríguez.
El objetivo central, según el auto judicial, fue obtener un volcado completo de correos electrónicos y acceder a dispositivos que pudieran contener comunicaciones, metadatos y documentación asociada. El magistrado instructor, José Luis Calama, consideró que ciertos buzones y aparatos tienen un valor probatorio esencial para reconstruir la operativa que investiga.
Qué ordenó el juez y por qué
El auto reclamó a los proveedores de dominio la información íntegra de las cuentas desde marzo de 2026, incluyendo bandeja de entrada, elementos eliminados, borradores y los metadatos (remitentes, destinatarios, fechas, asuntos y archivos adjuntos). Esa solicitud responde a la necesidad de preservar la evidencia digital en su totalidad, algo habitual cuando se investiga una trama con supuestas instrucciones cruzadas y facturación complicada. El magistrado justificó la medida con la idea de que solo un acceso exhaustivo permite verificar la existencia de facturación ficticia y la secuencia de órdenes entre los presuntos intervinientes.
El papel atribuido a la secretaria
Los investigadores señalan a Gertrudis Alcázar como una figura central: además de gestionar correos, participaba en la elaboración de facturas y en la dirección documental desde el despacho vinculado al expresidente en la calle Ferraz. El auto describe su cuenta como un nodo central de la comunicación interna y sostiene que su ubicación física reforzaría la hipótesis de conocimiento por parte de Zapatero. Por ese motivo se autorizó la intervención de su teléfono mediante un registro corporal externo y la copia de sus aparatos, para evitar la pérdida o manipulación de datos relevantes.
Pruebas incautadas y ámbitos de interés
Durante los registros, los agentes no se limitaron a extraer correos: se requisaron contratos, agendas, cuadernos y archivos digitales. Entre los documentos aparece un contrato con la filial española de Huawei, referencias a proyectos sobre América Latina, Gaza o Nicaragua, y planes estratégicos de empresas como Oro Azul. La Policía también copió buzones vinculados a direcciones encontradas en el equipo de la secretaria —algunas con dominio @psoe.es— y volcó el ordenador y el correo de otra administrativa señalada en la instrucción.
La caja fuerte y los dispositivos
Los agentes tuvieron que abrir una caja fuerte ubicada en el despacho del expresidente, operación en la que participó el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT). Según fuentes policiales citadas en el sumario, en una primera valoración no se detectó contenido de relevancia inmediata en su interior, si bien el análisis forense de la documentación y de los dispositivos electrónicos permanece en curso. La intervención técnica pretende asegurar tanto la integridad de los datos como su trazabilidad para su eventual incorporación al procedimiento.
La conexión con la actividad empresarial y las facturas
La instrucción presta especial atención a la sociedad que codirigen las hijas del expresidente, considerada por el juez como una pieza instrumental para canalizar pagos. La pesquisa apunta que la firma cobró 203.000 euros a la consultora Análisis Relevante hasta 2026 por tareas de maquetación y reenvío de informes, actividades que, a juicio del instructor, no habrían aportado un valor añadido real. En ese contexto, el acceso a los correos y a los contratos pretende demostrar si existieron contratos ad hoc y facturas que encubrían la redistribución de fondos procedentes de la red.
Qué pretende acreditar el juez
El auto explica que el acceso al contenido completo de los buzones permitirá reconstruir la secuencia de instrucciones, identificar a los intervinientes y verificar la existencia de contratos ficticios. Además, el análisis busca probar cómo se canalizaron los ingresos y si la empresa de las hijas actuó como soporte documental para pagos vinculados a la obtención de decisiones favorables a terceros, como el rescate de Plus Ultra. Por ahora, las hijas no figuran como investigadas en la causa.
Próximos pasos procesales y contexto
La causa mantiene abiertas diligencias para determinar la participación concreta de cada persona relacionada con la red que describe el auto. El sumario recoge comunicaciones que sitúan a Zapatero en la cúspide de la estructura investigada —incluidas referencias coloquiales de responsables de Plus Ultra—, si bien en las piezas aportadas hasta ahora solo aparece un mensaje atribuido directamente al expresidente. La Audiencia Nacional continúa con el análisis forense de la documentación y de los dispositivos intervenidos, pasos necesarios antes de las declaraciones y de la posible práctica de nuevas diligencias.
Implicaciones políticas y jurídicas
Más allá del plano probatorio, la instrucción ha provocado reacciones en la esfera política y mediática, al ser la primera vez en la democracia que un expresidente afronta este tipo de investigación a nivel de la Audiencia Nacional en relación con organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La investigación seguirá su curso técnico y procesal, con la extracción, preservación y análisis de la evidencia digital como eje principal para esclarecer la posible trama detrás del rescate y de los pagos asociados.
