El sumario describe una estructura operativa entre la oficina de Ferraz y el domicilio particular de José Luis Rodríguez Zapatero, con indicios sobre pagos vinculados al rescate de Plus Ultra
En el marco de las diligencias abiertas por el caso Plus Ultra, el sumario al que han tenido acceso diversos medios sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como posible cabecilla de una trama destinada a influir en decisiones públicas.
El juez de la Audiencia Nacional, juez José Luis Calama, ha citado al exsecretario general del PSOE para que comparezca el 2 de junio, un paso procesal que se enmarca en una investigación que arrancó tras el rescate de la aerolínea por 53 millones de euros en 2026.
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros, la UDEF, ha entregado al instructor un informe con hallazgos que apuntan a una operativa repartida entre una oficina en la calle Ferraz y el domicilio particular del expresidente. En esas actuaciones se aluden a comunicaciones internas, envíos y facturas que, según los investigadores, permiten reconstruir una dinámica en la que se intentó mantener opacidad sobre determinadas instrucciones y transacciones.
La estructura dual y los indicios que la sostienen
Según la UDEF, existe una estructura dual operativa que combinaba la actividad pública desde una sede física en Ferraz con gestiones desarrolladas desde el hogar del investigado. El informe describe la oficina como un centro de dirección desde el que se coordinaban directrices estratégicas, pero añade que ciertas pautas y documentos de mayor sensibilidad habrían sido canalizados y custodiados en el domicilio privado para ganar en reserva informativa.
Los agentes identifican a la secretaria personal, María Gertrudis Alcázar, como ejecutora habitual de instrucciones a través de una cuenta de correo electrónico señalada en el sumario. Además, el patrón de recepción de envíos y la emisión de facturas con la dirección particular del expresidente refuerzan la hipótesis de que el hogar se utilizó como espacio para la planificación y custodia de asuntos relevantes.
Pruebas, registros y alcance internacional
El levantamiento parcial del secreto del sumario, comunicado públicamente el 19 de mayo, permitió conocer registros en la oficina de Ferraz y la autorización judicial para acceder a correos oficiales desde el 20 de marzo de 2026 hasta la actualidad. Proveedores de servicios tecnológicos fueron requeridos para facilitar información sobre cuentas de correo, pieza clave para reconstruir la red comunicativa investigada.
Conexiones y órdenes internacionales
La causa no se limita a España: el expediente incorpora documentación procedente de Francia y Suiza que sitúa a varios empresarios y sociedades en el centro de una presunta operativa de blanqueo internacional. El juez dictó órdenes de detención internacionales el 17 de marzo por supuestos delitos vinculados a blanqueo y tráfico de influencias, y los investigadores describen sociedades pantalla y transferencias a jurisdicciones como Suiza, Gibraltar y Mauricio.
Registros y comunicaciones clave
Además de las inspecciones en Ferraz, la investigación ha rastreado mensajes y contactos relacionados con funcionarios públicos y asesores, incluida la petición de información sobre conversaciones que habrían vinculado al expresidente con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en los días de gestión del rescate. La Unidad Central Operativa (UCO) también ha sido requerida para contrastar mensajes hallados en teléfonos de determinados intermediarios.
Montos, canales financieros y personas afectadas
El auto del juez atribuye a la red percibos por aproximadamente 1,95 millones de euros: alrededor de 1,52 millones para el propio expresidente y cerca de 423.779 euros que habrían llegado a sus hijas mediante la sociedad Whathefav S.L., descrita como un presunto canal financiero de la estructura. La causa investiga cómo se materializaron pagos y qué sociedades intervinieron en el traslado de fondos relacionados con el rescate público.
El sumario también documenta envíos de bienes con fecha y responsables: en abril de 2026, dos personas vinculadas a la trama habrían remitido cajas de vino al domicilio del expresidente y esos pagos se ejecutaron por orden de un tercero identificado en las diligencias. Estos detalles alimentan la hipótesis policial sobre el uso del hogar como punto de custodia y recepción.
Reacciones públicas y próximos pasos procesales
El investigado ha negado tajantemente haber intervenido en la concesión del rescate, mientras que voces sindicales y grupos civiles han valorado la imputación con distintas lecturas: para algunos supone una crisis institucional que exige contención y respeto a la presunción de inocencia; otros han solicitado ampliar las citaciones a familiares y colaboradores. La asociación Hazte Oír, por ejemplo, pidió al juez que cite a la esposa y a las hijas del expresidente.
La causa sigue abierta y el calendario procesal marca la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero el 2 de junio. El juez Calama mantiene además una pieza separada bajo secreto que podría extender el alcance de las pesquisas más allá del rescate de 2026, por lo que es previsible que en las semanas siguientes se produzcan nuevas actuaciones y, posiblemente, revelaciones sobre los vínculos económicos y las personas implicadas.
Conclusión
El caso plantea preguntas sobre la separación entre actividad pública y privada cuando intervienen personas con influencia política. La documentación reunida por la UDEF y las gestiones judiciales en curso pretenden esclarecer si hubo una red organizada que aprovechó decisiones administrativas para obtener beneficios económicos y qué papel concreto jugaron los distintos actores mencionados en el sumario.
