Dificultades de los saharauis para obtener la nacionalidad española y renovar permisos

Los saharauis en España se enfrentan a obstáculos administrativos para obtener la nacionalidad y renovar sus permisos de residencia, a pesar de tener derechos reconocidos.

En los últimos meses, varios ciudadanos saharauis han visto cómo sus solicitudes de renovación de permisos de residencia en España son rechazadas, a pesar de tener derechos reconocidos. Este es el caso de Brahim, un joven saharaui cuyo permiso fue denegado este año en la Oficina de Extranjería de Badajoz, a pesar de que el año anterior se lo habían concedido sin problemas.

Brahim, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, es hijo de un ciudadano español de origen. Según el nuevo Reglamento de Extranjería, debería tener derecho a un permiso de residencia temporal de cinco años. Sin embargo, la administración ha negado la nacionalidad de su padre, argumentando que nació en el Sáhara Occidental cuando este territorio era una colonia española.

La sentencia del Tribunal Supremo y sus consecuencias

La situación de Brahim no es única. Fatma el Galia, abogada de extranjería, ha identificado al menos tres casos similares en los últimos meses. Según El Independiente, dos de las resoluciones desfavorables hacia saharauis residentes en España se basan en la sentencia 207/2026 del Tribunal Supremo. Esta sentencia establece que el Sáhara Occidental no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en el artículo 17.1c del Código Civil.

La sentencia, emitida en mayo de 2026, cerró la puerta a que los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental durante la época de la colonia pudiesen solicitar la nacionalidad española. Sin embargo, en el caso de Brahim, su padre ya había obtenido la nacionalidad antes de esa fecha, lo que lo convierte en un ciudadano español con todas las de la ley.

La intencionalidad detrás de las resoluciones desfavorables

Para Fatma el Galia, las resoluciones desfavorables hacia los saharauis responden a una clara intencionalidad de las autoridades españolas por denegar todo lo relacionado con los saharauis sin entrar a valorar el fondo del asunto. Las oficinas de extranjería de Málaga y Badajoz han emitido resoluciones prácticamente idénticas, lo que sugiere que podrían haber sido dictadas por el mismo funcionario.

Estas decisiones contravienen el principio básico del derecho de la irretroactividad de las leyes. La sentencia del Tribunal Supremo solo se refiere al apartado 17c del Código Civil, pero la normativa contempla otros tres supuestos por los que se puede adquirir la nacionalidad de origen. La abogada denuncia que la administración está encajando a todos los saharauis en ese concepto sin siquiera saber el motivo por el que sus padres obtuvieron la ciudadanía española.

Inseguridad jurídica y falta de criterio unificado

La nacionalidad es una cuestión civil, no administrativa. Por lo tanto, ningún funcionario de la administración puede entrar a valorar las decisiones judiciales que concedieron la nacionalidad española a ciudadanos saharauis antes de 2026. Sin embargo, esto es exactly lo que está ocurriendo en las oficinas de extranjería.

El caso de Brahim pone de manifiesto la inseguridad jurídica a la que están expuestos los saharauis. Mientras que en Zamora su padre sí es considerado ciudadano español, la oficina de Badajoz niega su nacionalidad. Esto pone en una situación muy complicada al joven saharaui, que no puede trabajar sin el permiso de residencia.

Fatma el Galia ha presentado recursos que han sido desestimados, por lo que la única vía que queda es la judicial. Sin embargo, este proceso puede durar dos años, durante los cuales Brahim seguiría sin poder trabajar. «El Gobierno está regularizando a miles de personas mientras quita derechos ya reconocidos a ciudadanos saharauis», concluye la abogada, haciendo referencia a la regularización extraordinaria, de la que los saharauis también quedaron fuera.