Gobierno e Iglesia han acordado este lunes la devolución por parte de la Iglesia de cerca de un millar de bienes inmuebles inmatriculados.
Temas cubiertos
El Gobierno y la Conferencia Episcopal han acordado este lunes la devolución por parte de la Iglesia de cerca de un millar de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015 y que no son de su propiedad.
La Iglesia tiene inmuebles bajo su nombre indebidamente
La Iglesia ha reconocido tener un millar de inmuebles cuya titularidad no le consta o que corresponden a un tercero. Por eso ha acordado con el Gobierno su devolución, según han comunicado ambas partes este lunes, después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, se haya reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entre esas propiedades no se incluyen los grandes templos que la Iglesia puso a su nombre entre 1998 y 2015, aprovechando una reforma del Gobierno de José María Aznar, como la Mezquita de Córdoba o la catedral de Sevilla.
El acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno
Un comunicado conjunto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de la Conferencia Episcopal informa de algunos detalles de ese acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes, al que se ha llegado tras intensificarse desde agosto de los trabajos de la comisión creada por ambas partes en relación con este asunto.
El Gobierno remitió el pasado año al Congreso un listado de bienes inmatriculados (registrados por vez primera) por la Iglesia católica entre los años 1998 y 2015 sobre el que la Conferencia Episcopal ha hecho, según ambas partes, un estudio «exhaustivo» con consultas a las diversas diócesis.
Así, se han catalogado los bienes, se han dividido por diócesis y se han verificado los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes, informa la nota conjunta.
Proceso para devolverlos
La Iglesia se ha concluido que hay un conjunto de bienes que considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. En concreto, admite no tener constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes inmatriculados que aparecen en el listado hecho público por el Gobierno.
