La universidad impone una suspensión de 18 meses a un profesor por abuso de poder.
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Contexto del caso
La Universitat de Barcelona (UB) ha tomado una decisión contundente al suspender a un profesor durante 18 meses debido a un caso de acoso sexual. Esta medida se produce tras una investigación interna que se llevó a cabo durante 10 meses, después de que la justicia desestimara la denuncia de una alumna.
La situación ha generado un gran revuelo en la comunidad académica y ha puesto de manifiesto la importancia de abordar el acoso sexual en entornos educativos.
Detalles de la investigación
Fuentes cercanas al caso han indicado que el docente fue acusado de una infracción «muy grave» por prevalecer de su condición de funcionario para obtener favores sexuales.
La investigación interna de la UB se inició después de que la alumna denunciara públicamente los hechos en redes sociales y los comunicara a la Unitat d’Igualtat de la universidad. A pesar de que la justicia archivó el caso, la universidad decidió actuar, recopilando pruebas y testimonios de hasta 15 testigos, lo que permitió esclarecer la situación.
Reacciones y consecuencias
El Código Ético de la Universitat de Barcelona establece que las relaciones afectivas entre docentes y alumnos son consideradas «mala praxis», lo que añade un contexto importante a la sanción impuesta. Tras la denuncia inicial, otras siete mujeres se manifestaron, relatando experiencias similares, aunque algunas de estas denuncias ya habían prescrito. La universidad propuso inicialmente una sanción de tres años, pero tras las alegaciones del profesor, se redujo a 18 meses. A pesar de la sanción, el docente ha continuado recibiendo su salario mientras estaba apartado de sus funciones.
Implicaciones legales y futuras acciones
El profesor tiene un plazo de dos meses para presentar un recurso ante un juez y un mes para hacerlo ante el rector de la universidad. La situación se complica aún más, ya que se deberá resolver la cuestión del cobro de su sueldo, dado que ha estado recibiendo pagos durante su suspensión cautelar. Este caso no solo resalta la necesidad de políticas más estrictas contra el acoso sexual en las universidades, sino que también plantea preguntas sobre la efectividad de las medidas adoptadas por las instituciones educativas para proteger a sus estudiantes.
