El gobierno de Nayib Bukele sancionó cambios constitucionales que permiten la cadena perpetua a partir de los 12 años por homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, e introduce nuevos juzgados y revisiones periódicas de las penas
El presidente Nayib Bukele firmó una serie de reformas constitucionales que autoriza la cadena perpetua para autores y cómplices de delitos graves a partir de los 12 años de edad. Las modificaciones, aprobadas por la Asamblea Legislativa controlada por su partido, sustituyen reglas previas sobre responsabilidad penal de menores y crean un nuevo mapa procesal con juzgados de lo criminal que reemplazan a los antiguos jueces de menores.
Las enmiendas entran en vigor a partir del 26 de abril y contemplan además un sistema de revisiones obligatorias de las penas según la edad del condenado y la gravedad del delito. Con este paquete legal, el Estado salvadoreño establece nuevos parámetros sobre penas máximas, revisiones temporales y competencias judiciales, en medio de una discusión intensa sobre seguridad, justicia y respeto a las garantías procesales.
Qué establecen las reformas y cómo se aplicarán
Según las Nuevas normas, la pena de cadena perpetua podrá imponerse por delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, tanto a autores como a cómplices, desde los 12 años. La legislación prevé que los nuevos juzgados de lo criminal comiencen a operar el 26 de abril y que estos jueces realicen revisiones periódicas de las sentencias de por vida. Previamente, la legislación penal establecía topes menores: hasta 60 años como máxima para adultos en ciertos supuestos y límites significativamente más bajos para menores, con topes de 20 años para menores de 16 y de 10 años para algunos casos entre los 12 y 15 años.
Revisiones temporales y criterios
La reforma fija plazos concretos para evaluar la posibilidad de libertad controlada: para menores condenados, la revisión será después de 25 años; para adultos, a los 30 años; 35 años cuando se trate de múltiples delitos; y 40 años en casos con agravantes. Estas revisiones son obligatorias y deberán contemplar reglas de régimen de libertad controlada si se opta por modificar la pena. La especificación de estos umbrales pretende ofrecer un marco institucional para plantear futuros beneficios penitenciarios, sin eliminar la naturaleza de la pena de por vida.
Contexto: la política de mano dura y el estado de emergencia
Las reformas se inscriben en una política más amplia impulsada por Bukele desde marzo de 2026, cuando declaró un estado de emergencia tras una ola de violencia vinculada a las pandillas. Esa medida, inicialmente temporal, se ha prorrogado de manera sucesiva y ha permitido detenciones masivas y la suspensión de ciertos derechos constitucionales. El gobierno ha reportado la detención de alrededor de 91.650 personas durante el régimen, y autoridades han indicado que cerca de 8.000 detenidos considerados inocentes fueron liberados; al mismo tiempo Bukele ha señalado que menos del 10% de los arrestados han salido en libertad.
Impacto en la seguridad y en la opinión pública
Las políticas de seguridad del Ejecutivo han conseguido una reducción marcada de los homicidios, lo que ha reforzado la popularidad del presidente entre amplios sectores de la población. Sin embargo, esta misma estrategia ha venido acompañada por denuncias de abuso y arbitrariedad: juicios masivos, detenciones sin pruebas sólidas, dificultades para localizar a los procesados y restricciones a la labor defensiva. El Gobierno, que ha mostrado afinidad política con la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, ha defendido sus medidas como necesarias para recuperar la tranquilidad pública.
Críticas, riesgos y reacciones internacionales
Organizaciones de derechos humanos y opositores nacionales han cuestionado la constitucionalidad y la proporcionalidad de la reforma, alertando sobre el riesgo de detenciones arbitrarias y del debilitamiento de los controles y equilibrios democráticos. Casos documentados de detenciones en masa y sentencias extensas —incluso cientos de años en algunos juicios— alimentan la preocupación sobre el debido proceso y el acceso a una defensa efectiva. Una queja ya fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que examina posibles vulneraciones del orden jurídico internacional.
Además de las críticas por el endurecimiento penal, las reformas forman parte de una serie de cambios constitucionales previos que incluyen la eliminación de límites a la reelección presidencial aprobada en julio de 2026, lo que ha alarmado a quienes ven en estas maniobras un movimiento para consolidar poder político. El debate nacional e internacional combina demandas de seguridad con llamados a respetar garantías fundamentales, y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema judicial y la protección de los derechos en El Salvador.
Perspectivas
El desafío ahora es compatibilizar la exigencia ciudadana de seguridad con la obligación estatal de garantizar procesos justos y respetar los derechos humanos. La entrada en vigor de las reformas el 26 de abril marcará el inicio de una nueva fase en la política criminal salvadoreña y obligará a observar con atención cómo operan los nuevos juzgados y las revisiones previstas, así como la reacción de tribunales internacionales y actores de la sociedad civil.
