Los consistorios agrupados en la Asociación Viento Alto solicitan que se distinga claramente entre el parque eólico y las instalaciones fotovoltaicas: alertan de daño reputacional y defienden la legalidad del proyecto
Teruel, 15 de abril de 2026. Tras personarse en el Juzgado nº 1 de Teruel como parte perjudicada, los miembros de la Asociación Viento Alto hicieron público su acceso al expediente judicial y a los informes que obran en la causa.
En su comunicado denuncian una mezcla reiterada en la prensa entre el proyecto eólico Clúster Maestrazgo y las plantas fotovoltaicas Masía I y Masía II, dos iniciativas que, subrayan, son independientes entre sí y cuentan con titulares distintos. Los alcaldes sostienen que esa confusión ha empezado a afectar la reputación y la viabilidad del parque eólico, por lo que han decidido intervenir para proteger los intereses municipales y vecinales.
Según explican, al revisar la documentación procesal comprobaron que los documentos de la UCOMA presentes en la causa hacen referencia exclusivamente a las instalaciones fotovoltaicas investigadas y no al parque eólico que defienden. Por ese motivo piden que se evite el uso genérico del término Clúster Maestrazgo para englobarlo todo, una práctica que, a su juicio, está generando interpretaciones erróneas sobre la legalidad y el impacto ambiental del proyecto eólico.
Legalidad y pronunciamientos judiciales
Los representantes municipales enfatizan que, hasta la fecha, no existe en el expediente consultado ningún informe de la Guardia Civil que cuestione la legalidad del parque eólico, ni resolución judicial que lo invalide. Recuerdan además que instancias superiores han rechazado repetidamente solicitudes de suspensión: tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el Tribunal Supremo han desestimado las medidas cautelares contra el proyecto, con argumentos que ponderan los perjuicios públicos y privados que se ocasionarían si se paralizara. El Ministerio para la Transición Ecológica también ha rechazado recursos contra las autorizaciones, según señalan los alcaldes.
Aclaración sobre la evaluación ambiental
Los ediles reivindican que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue tramitada conforme a la normativa y que el proyecto superó exigentes controles técnicos y ambientales. Aseguran que las modificaciones en el diseño del parque se hicieron para minimizar impactos, desplazando aerogeneradores cuando fue necesario. En concreto, niegan que haya máquinas ubicadas en zonas protegidas: afirman que ningún aerogenerador se sitúa en ZEPA, desmintiendo así una de las críticas más repetidas en el debate público.
Impacto socioeconómico y compromiso local
Más allá de las cuestiones legales, la Asociación Viento Alto defiende el proyecto como una palanca para combatir la despoblación y reactivar la economía comarcal. Plantean que la construcción y operación del parque generarán empleo directo e indirecto durante décadas y ofrecerán ingresos a los ayuntamientos mediante impuestos y tasas. Estos recursos, sostienen, permitirán inversiones en servicios básicos y medidas concretas: mejora de redes de agua, apoyo a la ganadería, vivienda para jóvenes, ayudas a familias y mantenimiento de infraestructuras municipales.
Beneficios para la comunidad
En su argumentación detallan ejemplos prácticos: los ingresos podrían financiar guarderías, programas para mayores, subsidios para emprendedores locales o rebajas puntuales de la carga fiscal como la reducción del IBI. También recuerdan que muchos negocios ya se han preparado para participar en las obras y que la paralización dañaría a pequeñas empresas y alojamientos que han reservado estancias para la mano de obra especializada que requiere el montaje de aerogeneradores.
Petición final y pasos judiciales
Ante la vista sobre las medidas cautelares, los alcaldes reiteran su petición de que se ponga fin a la desinformación y se trate cada proyecto por separado. Por eso se personaron en el proceso: para defender no solo la iniciativa técnica sino el interés público de los municipios afectados. Exigen respetar la normativa vigente y permitir que avance la tramitación sin trabas injustificadas, siempre dentro del marco legal y con el objetivo declarado de garantizar la protección ambiental y el desarrollo socioeconómico del Maestrazgo.
La Asociación firma el comunicado apelando a la transparencia y a la responsabilidad informativa: solicitan a medios, instituciones y actores públicos que utilicen denominaciones precisas y contrastadas para evitar daños innecesarios a proyectos y comunidades. Con esta actuación judicial esperan aclarar el alcance real de los informes existentes y salvaguardar una inversión que, según defienden, puede marcar una diferencia significativa para el futuro de la comarca.
