La apertura de expediente por parte de la fiscal superior de Madrid responde a una denuncia de Iustitia Europa y a indicios recogidos por la UDEF en las pesquisas sobre el rescate de Plus Ultra
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha decidido abrir un expediente gubernativo contra dos miembros del Ministerio Fiscal que aparecen en las conversaciones intervenidas relacionadas con el caso Plus Ultra. La medida afecta a Pilar Rodríguez, entonces fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y a María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional, y se fundamenta en una denuncia presentada por Iustitia Europa que será remitida a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado.
En el decreto por el que se acordó la incoación del expediente, la fiscal superior subraya la existencia de referencias a las dos letradas en los atestados policiales realizados durante la investigación del rescate público de la aerolínea. Esos documentos, elaborados por la UDEF, contienen conversaciones intervenidas que, según las autoridades, muestran la intención de la trama de influir en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid sobre la ayuda estatal concedida en 2026.
Qué recogen las pesquisas policiales
Los informes entregados a la investigación detallan mensajes y llamadas que, según la policía, prueban maniobras destinadas a paralizar la instrucción. La causa versa sobre un rescate de 53 millones de euros y la preocupación de los investigados por un pago pendiente valorado en 19 millones, aspectos que habrían motivado que la red intentara cortocircuitar el procedimiento judicial. En esos volcados telefónicos se alude de forma explícita a personas y cargos clave, y a la conveniencia de gestionar influencias para evitar que la investigación prosperara.
Frases y actores mencionados en las conversaciones
Entre las intervenciones aportadas a la causa aparece el diálogo del abogado Miguel Palomero con el exdirectivo Rodolfo Reyes, en el que Palomero expresaba que consultaría sobre «cómo es la juez del 15», la magistrada Esperanza Collazos, y afirmaba que «la fiscal jefa es amiga». En la misma conversación se utiliza la expresión «Kitchen Gabinet» para referirse a la operación destinada a detener las diligencias, y se propone elevar el asunto a Julio Martínez Sola para ejecutar la estrategia, según los atestados de la UDEF.
Consecuencias institucionales y pasos siguientes
La apertura del expediente administrativo supone que la actuación será analizada por la Inspección Fiscal y, de confirmarse irregularidades, podría derivar en sanciones internas o medidas disciplinarias. Es importante recordar que, en 2026, María Luisa Llop figuró entre los fiscales que solicitaron el sobreseimiento de la investigación sobre el rescate, dato que aparece en varios informes públicos y que ahora vuelve a situarse bajo escrutinio a raíz de las nuevas conversaciones difundidas por la policía.
Contexto orgánico y político
La decisión de Lastra llega en un momento complejo para la fiscalía madrileña: según fuentes consultadas en expedientes públicos, la propia Almudena Lastra no fue renovada al frente del puesto por la nueva fiscal general, decisión que quedó reflejada en una resolución del 30 de abril. Esa circunstancia añade una capa política al procedimiento interno, aunque la incoación del expediente se basa en la denuncia de Iustitia Europa y en las anotaciones de la UDEF, que serán objeto de valoración técnica por la inspección competente.
Escenarios y efectos sobre la investigación penal
El trámite administrativo no suspende automáticamente la causa penal sobre el rescate, pero los resultados de la inspección pueden influir en la percepción pública y en la propia marcha de las diligencias. Si se acreditara la existencia de maniobras para condicionar la investigación, el proceso podría incorporar nuevas líneas de trabajo para determinar responsabilidades y blindar la independencia del procedimiento judicial. Por el contrario, una resolución exculpatoria cerraría la vía disciplinaria y dejaría la instrucción penal en manos de los juzgados.
En definitiva, la apertura del expediente a dos fiscales por su mención en las conversaciones del caso Plus Ultra plantea dudas sobre posibles influencias y activa un control interno que ahora debe seguir los cauces de la Inspección Fiscal. Mientras tanto, la investigación policial y las diligencias en el Juzgado de Instrucción número 15 continúan, con el foco puesto en esclarecer si las comunicaciones intervenidas responden a una estrategia deliberada para frenar la acción judicial.
