Sánchez, desde Roma, subraya la colaboración con la justicia y descarta un adelanto electoral mientras la UCO registra sedes y domicilios relacionados con la investigación sobre Leire Díez y supuestos pagos irregulares
La comparecencia del presidente del Gobierno en Roma, tras reunirse con el papa León XIV, coincidió con otro movimiento policial en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han regresado al cuartel general del partido para requerir documentación vinculada al caso de Leire Díez, en una nueva fase de la actuación que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.
El presidente garantizó que, si emergen nuevas irregularidades, el partido actuará con la misma contundencia que en episodios previos y reafirmó su apoyo institucional y personal a José Luis Zapatero.
En su intervención, Sánchez insistió en respetar la presunción de inocencia y en la «total colaboración con la justicia», aunque advirtió de que las pesquisas no afectan, a su juicio, al trabajo del Ejecutivo ni a los avances sociales y económicos acumulados en la legislatura.
El jefe del Ejecutivo rechazó, además, la idea de convocar elecciones anticipadas por motivos partidistas y situó la continuidad del Gobierno como condición para aprovechar fondos y proyectos en marcha.
Qué se investiga y qué acciones se han desarrollado
La causa abierta por el instructor apunta a una trama compleja que vincula a personas del entorno del partido con pagos a terceros, entre ellos los trabajos atribuidos a la llamada «fontanera» Leire Díez. Según el sumario, se analizarían movimientos financieros, facturas y comunicaciones que podrían revelar una estructura para financiar actuaciones paralelas, lo que en la calificación judicial aparece como una posible contabilidad paralela. La UCO ha procedido a solicitar documentos en la sede de Ferraz y a practicar registros en domicilios de dirigentes vinculados a la organización, con autorización judicial.
Alcance penal y personas señaladas
Las diligencias atribuyen, de forma provisional y a la espera de acreditar responsabilidades, varios delitos sobre los que trabaja el instructor, entre ellos organizativos y económicos que se investigan con cautela. Además de la imputación que afecta al ex presidente Zapatero, en la causa han aparecido nombres como el de la gerente del partido, Ana Fuentes, y de exdirigentes como Santos Cerdán o el veterano andaluz Gaspar Zarrías. También figuran en las pesquisas personas que habrían colaborado en la ejecución de acciones concretas en auxilio de la supuesta red, entre ellas figuras con responsabilidades orgánicas en Ferraz.
Elementos que la investigación está analizando
Fuentes judiciales y policiales han señalado que los investigadores han encontrado indicios documentales y bancarios que justificaron el operativo. Se buscan certificados, facturas y transferencias que, según las líneas de investigación, podrían haber servido para encubrir pagos a servicios destinados a erosionar a adversarios —fiscales, jueces y miembros de cuerpos policiales— y, en algunos relatos, para sufragar operaciones de presión política. La Fiscalía Anticorrupción impulsa las diligencias, que permanecen bajo secreto en muchos de sus extremos.
Registros complementarios y actuaciones internas
Además de los registros en Ferraz, la UCO ha requerido expedientes internos de la Guardia Civil relativos a agentes que han participado en investigaciones que afectaban al partido, como parte de la búsqueda de posibles interferencias. Domicilios de implicados y sedes empresariales relacionadas con supuestos pagos también han sido objeto de inspección, en una jornada de operativo prolongado que persigue rastrear la cadena financiera y documental de las operaciones investigadas.
Reacción política y perspectivas
En el plano político, Sánchez defendió que el partido lleva años actuando con «transparencia» cuando aparecen indicios de irregularidad y recordó decisiones pasadas de expulsión de militantes ante sospechas. Aun así, admitió que la situación genera «presión máxima» sobre el Ejecutivo y los órganos del partido. Voces internas reclaman respuestas rápidas y limpias, y sectores externos exigen que la investigación esclarezca responsabilidades sin dilaciones. El presidente insistió en que la prioridad es seguir gobernando y en que la estabilidad institucional es necesaria para los proyectos en curso.
El caso continúa su curso judicial y político, con nuevas actuaciones que podrían ampliar la lista de investigados o precisar el alcance de los hechos. Mientras tanto, la posición oficial sigue siendo la de colaboración con el juzgado y la reiteración de que, ante la confirmación de conductas irregulares, se actuará «con la misma contundencia» que en ocasiones anteriores, sin renunciar a la defensa de los logros del Gobierno ni a la exigencia de «certeza» para la ciudadanía.
