Tesh Sidi urge a Sumar a activar la ponencia de la ley de nacionalidad saharaui y a garantizar un documento que permita trabajar a las personas en trámite de apatridia
La diputada Tesh Sidi ha intensificado su reproche hacia la paralización de la ley de nacionalidad saharaui en el Congreso y ha instado a su propio grupo, Sumar, a transformar los apoyos declarados en una tramitación efectiva. En su diagnóstico, el problema no sería la ausencia de respaldo parlamentario sino la falta de impulso político dentro de las instancias de tramitación, por lo que demanda la convocatoria de la ponencia que permita avanzar la iniciativa.
Paralelamente a la reclamación sobre la nacionalidad, Sidi advierte sobre la situación de las personas saharauis que solicitan el estatus de apatridia, que han quedado fuera del reciente real decreto de regularización extraordinaria. La diputada defiende que ese vacío deja a muchas personas en un limbo administrativo y económico prolongado, y plantea medidas prácticas para que puedan acceder al mercado laboral desde el inicio del procedimiento.
Bloqueo legislativo y presión política
En conversaciones públicas y privadas, Sidi ha señalado con claridad al PSOE y ha pedido a Sumar que ejerza su capacidad de influencia dentro del Ejecutivo para desbloquear la tramitación. Según su equipo, la iniciativa cuenta con apoyos suficientes —incluyendo afirmaciones de respaldo de otros grupos— y solo hace falta activar los mecanismos parlamentarios. Esta apelación se acompaña de la demanda de que la coalición deje de posponer la reunión de la ponencia y pase de las declaraciones al procedimiento.
Actores y responsabilidades
La diputada apunta también a la dinámica interna del Gobierno y a la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, como factores que explican la paralización. Además, sitúa la Comisión de Justicia, presidida por el socialista Joaquín Martínez Salmerón, como el ámbito donde la proposición ha quedado en espera. Sidi repite que la cuestión es de voluntad política: si se convoca la ponencia, la ley podría avanzar hasta su aprobación.
El vacío para solicitantes de apatridia
Respecto a las personas que tramitan el reconocimiento como apatrida, Sidi describe una realidad de años en un limbo jurídico: la mera presentación de la solicitud no garantiza residencia efectiva ni acceso al empleo. En borradores iniciales del real decreto se contemplaba incluir a los solicitantes de apatridia junto a los solicitantes de protección internacional para optar al proceso de regularización, pero finalmente esa referencia desapareció del texto aprobado, tras la advertencia del Consejo de Estado.
Propuesta de permiso laboral desde el inicio
Como solución práctica, la diputada propone que las personas en trámite de apatridia reciban, al igual que las personas solicitantes de asilo, un documento administrativo que les permita trabajar desde el inicio del procedimiento. Sidi sostiene que esta medida reduciría la vulnerabilidad económica y facilitaría la integración social, evitando años de precariedad y la imposibilidad de acceder a un empleo legal durante la tramitación.
Marco jurídico y pasos pendientes
La proposición de ley para reconocer la nacionalidad a saharauis nacidos bajo la administración española del Sáhara Occidental fue registrada en marzo de 2026 y fue tomada en consideración en febrero de 2026, después de haber sido rechazada previamente en 2026. Desde entonces, varias enmiendas parciales han sido presentadas por distintos grupos; el PSOE introdujo modificaciones sobre el tratamiento de documentación vinculada al Frente Polisario, mientras que Sumar buscó ampliar el colectivo beneficiario del proceso de regularización.
Ahora, las piezas están en el tablero: una proposición en el cajón de la Comisión de Justicia, un decreto de regularización que excluye a los solicitantes de apatridia y la petición de Sidi de que Sumar use su influencia para «torcer el brazo» al PSOE. La diputada insiste en que existe una mayoría parlamentaria para aprobar la ley y que lo que falta es activar los trámites pendientes para convertir ese apoyo en derecho efectivo para miles de personas.
