Un repaso a por qué crece la demanda de estabilidad, quiénes pierden y qué efectos tiene esto sobre la gobernanza y la economía
En los últimos años el mapa político español ha mostrado una clara tendencia hacia la fragmentación, pero ahora emergen señales de un retorno a un bipartidismo imperfecto. Esa exigencia pública de orden proviene de una ciudadanía cansada de gobiernos que han dependido de minorías para permanecer en el poder.
La sensación general es que la gobernabilidad se resiente cuando las decisiones fundamentales, como la aprobación de presupuestos, quedan condicionadas por acuerdos puntuales con formaciones que imponen líneas rojas. Este contexto obliga a repensar el equilibrio entre representación plural y la capacidad efectiva de gobernar, algo que muchos reclaman como prioridad.
Históricamente España vivió largos periodos con ejecutivos capaces de sacar adelante sus planes cuando tenían respaldo mayoritario en las Cortes. Esa etapa, asentada en una democracia parlamentaria funcional, combinaba la búsqueda de apoyos en el Parlamento con la existencia de un consenso básico sobre la necesidad de legislar. La llamada cultura del pacto facilitaba la negociación. Cuando ese mecanismo se rompió, la política se fragmentó y surgieron fórmulas que, a menudo, resultaron frágiles para enfrentar retos complejos como el empleo, la vivienda o la estabilidad fiscal.
Por qué se produce el giro
La experiencia de gobiernos con apoyos externos o coaliciones ha demostrado que, en muchos casos, la gobernanza se erosiona. El ejemplo más visible ha sido la incapacidad para aprobar presupuestos fundamentales que dan margen de maniobra a la economía. Cuando un ejecutivo opera más como una investidura que como un gobierno con respaldo estable, pierde capacidad de ejecutar su programa y acaba supeditado a demandas puntuales de partidos nacionalistas o de extrema izquierda. Ese mecanismo aleja a los votantes moderados que buscan certezas en la gestión pública.
Al mismo tiempo, líderes de la oposición han comprobado que solo donde obtienen mayorías absolutas pueden aplicar sus propuestas con coherencia. Regiones como Madrid, Andalucía o Galicia suelen citarlas como ejemplos donde la toma de decisiones ha sido más fluida debido a esa estabilidad. Por contraste, en comunidades donde la relación con la extrema derecha ha sido necesaria, la gobernabilidad y la aprobación de cuentas públicas han sufrido, generando tensiones internas entre los propios gobiernos y su electorado. Ese coste político explica el repliegue hacia modelos más centrados en dos grandes opciones.
Actores que pagaron la factura
Las fuerzas intermedias que emergieron con la promesa de renovar la política han visto cómo su papel se diluye: partidos como Ciudadanos, Podemos o Sumar, y también la formación de la derecha radical, han cometido errores que les han pasado factura. En muchos casos rechazaron actuar como partidos bisagra con voluntad de facilitar acuerdos amplios y, en lugar de ello, intentaron imponer agendas propias. Su gestión en ámbitos sensibles —vivienda, laboral, pensiones o fiscalidad— fue evaluada con dureza por el electorado, y la combinación de ese juicio con problemas macroeconómicos acabó por restarles apoyo.
Encuestas y comparaciones históricas
La encuesta del CIS dirigida por Félix Tezanos reflejó un vuelco que los analistas interpretan como contundente: el electorado recompone sus preferencias en favor de mayor estabilidad. En el debate público se han trazado paralelismos con momentos históricos en los que un líder de la izquierda consolidó su posición y relegó a otras fuerzas más radicales, evocando al comportamiento de felipe gonzález frente al PCE de Santiago Carrillo durante la transición. En el espacio de la derecha, la estrategia de centro de Alberto Núñez Feijóo aparece como capaz de neutralizar la fuerza de la extrema derecha, liderada por Santiago Abascal.
Consecuencias económicas y lecciones políticas
La preferencia por gobiernos más estables tiene un componente económico evidente: los mercados y los inversores valoran la previsibilidad que aportan ejecutivos con capacidad de aprobar presupuestos y políticas de largo plazo. La volatilidad legislativa, las tensiones sobre gasto y la elevada deuda pública sitúan a España en una posición vulnerable que se agrava con gobiernos frágiles. Para recuperar confianza es necesario que las formaciones mayoritarias vuelvan a practicar la negociación responsable y que los partidos menores acepten un papel facilitador en lugar de convertir cada votación en una batalla de principios.
Retos para el futuro
El desafío inmediato es reconstruir una cultura del pacto que combine representatividad y eficacia. Eso implica que los partidos con capacidad de decidir adopten una actitud menos maximalista y que los grandes bloques asuman la responsabilidad de ofrecer estabilidad. Solo así será posible encarar reformas complejas sin depender de equilibrios frágiles. Mientras tanto, la política española transita hacia un escenario en el que el bipartidismo imperfecto vuelve a ganar terreno como respuesta pragmática a la demanda social de gobernanza clara y presupuestos viables.
